Detenido el portavoz del PP en Palma de Mallorca

El arresto de Durán, en la denominada 'Operación Espada', dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se produjo en la misma sede de los 'populares' en el Consistorio. Esta detención se suma a las otras cuatro personas que también han sido detenidas por la Policía Nacional a lo largo de esta mañana, entre las que se encuentran Jorge Moisés, ex-gerente del Palma Arena; Miguel Romero, director de la empresa de comunicación Nimbus; el campeón olímpico de vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta'96 José Luis Ballester, ex-director general de Deportes del Govern de Jaume Matas y otra persona que responde a las iniciales I.A.S.

Fuentes de la Policía Nacional informaron a Europa Press de que la operación continúa abierta y que, por tanto, no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Por otro lado, indicaron que los cinco arrestados ya se encuentran en los calabozos de la Policía en la calle Ruiz de Alda en la capital balear, mientras que señalaron que a lo largo de la tarde continuarán los registros por parte de la Policía Judicial y el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

Las cinco detenciones, ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción, investiga, entre otros, un presunto delito de malversación de caudadales públicos. Tras el arresto de Durán, el PP manifestó que, por el momento, no va a hacer ninguna valoración, ya que está "a la expectativa" de lo que suceda en las próximas horas, cuando el portavoz 'popular' sea interrogado por la Policía Nacional.

Así, los cinco arrestos se produjeron en el marco de una serie de registros que la policía judicial está llevando a cabo desde esta mañana en el Palma Arena y en la empresa de comunicación Nimbus, situada en el Paseo Mallorca, número 32A, donde la Fiscalía Anticorrupción habría encontrado algunas presuntas irregularidades en esta infraestructura deportiva impulsada e inaugurada por el ex-presidente del Govern, Jaume Matas, y que se conoce como el 'caso Palma Arena'.

La Fiscalía trata de averiguar el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros. A partir de ese momento, la abogacía de la comunidad y los servicios jurídicos del Govern colaboraron con la Fiscalía en la transmisión de documentación.

Precisamente, el pasado 14 de noviembre de 2008, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, acompañado de los fiscales Anticorrupción, Joan Carrau y Pedro Horrach, y de la Policía Nacional, realizaron una inspección ocular en el velódromo del Palma Arena, con el fin de buscar posibles irregularidades. Concretamente, la Comisión Judicial se limitó a recorrer todas las instalaciones del Velódromo inspeccionando las pistas, las gradas y los sótanos del Palma Arena.

Así, la Fiscalía investiga si se cometieron pagos irregulares a los arquitectos y técnicos de la dirección de obra del proyecto. El conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, ya aseguró el mismo día de los registros producidos en noviembre del pasado año que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es "muy elevada", lo que ha generado un agujero en la Conselleria que "va a impedir hacer muchas cosas".

Precisamente, Cañellas anunció a comienzos de esta legislatura que el Ejecutivo iba a realizar una auditoría técnica tras conocer que el coste final del Palma Arena ascendería a 90,6 millones de euros, lo que suponía un incremento del 89 por ciento respecto al precio final, presupuestado por Matas, situado en 47,7 millones, debido a una serie de "modificaciones de estructura y en la cubierta, así como por unas obras internas en el Estadio".

La secretaria de la Conselleria de Juventud y Deportes, Apolonia Serra, admitió a Europa Press que ha tenido conocimiento de los arrestos a través de los medios de comunicación, ya que "oficialmente no sabemos nada".

Por otro lado, recordó que su departamento envió una auditoría técnica a la Fiscalía, con el fin de que investigase el sobrecoste del presupuesto del Palma Arena, después de que los servicios jurídicos del Govern así lo aconsejaran, dado que el coste final de una obra pública no puede incrementarse más de un 20 por ciento en relación al precio inicial.

Precisamente, en esta auditoría, la Conselleria informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre la cantidad exacta que se había licitado y pagado por el procedimiento de obras por parte del Consorcio de Construcción del Velódromo del Palma Arena, que ascendía a 47,7 millones de euros.

Sin embargo, tras pagar esta cantidad, recordó que la UTE que construyó el Velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclamó al Govern un importe de 38,9 millones de euros por una serie de obras "complementarias" que se habían realizado y que no estaban contempladas en el presupuesto inicial.

Precisamente, Serra reveló que "un par de días antes de las elecciones municipales de 2007, la Junta Rectora del citado Consorcio, presidido por el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, acordó "dar por buena" la reclamación de la UTE.

13,3 MILLONES DE EUROS PENDIENTES DEL SOBRECOSTE.

Ante tal situación, y después de que los peritos comprobaran que parte de las obras reclamadas sí que estaban bien realizadas, el actual Govern pagó a la empresa encargada de la construcción del Velódromo 26,9 millones de euros, por lo que sólo quedarían pendientes de pago 12 millones de euros.

Asimismo, la UTE también reclamaba el coste de una una serie de obras de movimientos de tierras para preparar los terrenos destinados al Velódromo y las obras del parking, licitadas a través de la Fundación Illes Sport, y que ascendían a 5,5 millones de euros, de los que sólo quedan pendientes de pago 1,3 millones.

Así, Serra explicó que la Conselleria se ha negado a pagar los 12 millones de euros reclamados por la constructora, correspondientes a obras realizadas en el Velódromo, así como 1,3 millones correspondientes al movimiento de tierras y al parking, al considerar que estas partidas incluidas en el presupuesto final son "sospechosas".

En este sentido, señaló que tanto los interventores de la Conselleria de Economía y Hacienda, como la Abogacía de la Comunidad Autónoma consideraban que estos 13,3 millones de euros reclamados por la constructora "no están licitados ni adjudicados en la contratación y, por tanto, no había fuerza jurídica que nos amparara a los nuevos responsables del Govern para pagar estos trabajos".

Por ello, indicó que tanto los técnicos de la Conselleria de Economía, como la Dirección General de la Abogacía recomendaron a la Conselleria de Deportes que "no pagara el resto del sobrecoste para poder revisar el expediente y dar parte de ello a la Fiscalía Anticorrupción".

"Nos recomendaron que hasta que no se haya aclarado el origen de estos 13,3 millones de euros, no procedamos al abono total del precio final", insistió, al tiempo que señaló que la parte del sobrecoste que ya se ha pagado se hizo con el "beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, que estaba informada".

EUROPA PRESS