El Supremo empleará hasta un año para decidir sobre el presidente valenciano

Madrid / Oviedo
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, afirmó ayer que la resolución del alto tribunal sobre el recurso de casación de la Fiscalía contra el archivo del «caso Gürtel» en Valencia podría hacerse pública «en un plazo de entre ocho meses y un año».

Saavedra explicó que se trata de un recurso «ordinario», por lo que «lleva todos los trámites previstos» en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Afirmó que el voto particular en el auto del Tribunal de Valencia que ha archivado la causa contra Francisco Camps no influirá en la decisión del Supremo. El magistrado descartó que pueda facilitar que el recurso fructifique, ya que «los votos particulares no afectan al tribunal que ve el recurso».

Además añadió que contra el archivo del caso sólo cabe la presentación de recurso «por un motivo que es infracción de ley». La única razón, fundamento o motivo por el que se puede interponer un recurso ante el Supremo contra el auto del Tribunal de Valencia es «que los hechos puedan o no puedan ser subsumibles en el delito de cohecho», dijo Saavedra.

En cuanto a la división del caso en varios tribunales, afirmó que no supondrá que «pueda haber sentencias contradictorias. En este momento los procedimientos pueden seguirse independientemente. Más adelante, ya veremos», concluyó. Mientras, el abogado José Luis Mazón presentó ayer una denuncia por falta grave ante el Consejo General del Poder Judicial contra el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal de Valencia, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la causa contra su amigo Francisco Camps.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha remitido al Senado y al Congreso los suplicatorios para proceder contra el ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino por un delito fiscal y otro de cohecho derivados de su relación con el «caso Gürtel».

El trámite del suplicatorio se inicia una semana después de que la Sala de lo Penal hiciese pública su decisión de investigar a Bárcenas y Merino por esos delitos. Ante la ausencia del presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, ha sido el presidente de la Sala de Vacaciones, el magistrado Juan Antonio Xiol, quien ha firmado la petición en la que se solicita a las Cámaras que levanten la inmunidad parlamentaria de los dos aforados para poder abrir una investigación penal.

La tramitación parlamentaria no se iniciará hasta septiembre, cuando arranque el período ordinario de sesiones. A partir de ese momento, las Cámaras contarán con un plazo de 60 días para pronunciarse sobre los suplicatorios. De no hacerlo en ese período, se entenderán denegados. El proceso, que incluye calificación por las mesas, estudio por parte de la comisión correspondiente y votación secreta en los plenos, podría quedar resuelto en un mes.