Palma / Oviedo
La Policía Nacional citó ayer, jueves, a declarar como imputado al ex director general de Deportes del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, Antoni Palerm, por su implicación en el supuesto caso de corrupción del velódromo Palma Arena, acaecido bajo el mandato de Jaume Matas (PP) como presidente balear (2003-2007).
Seis personas han sido detenidas hasta el momento en relación con el caso: el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma y ex edil de Deportes, Rafael Durán; el ex director general de Deportes y campeón olímpico de vela en los Juegos de Atlanta 96, José Luis Ballester; el ex gerente del consorcio para la construcción del Palma Arena, Jorge Moisés; el publicista Miguel Romero, dueño de la agencia Nimbus Comunicación y organizador de algunas campañas electorales del PP; el arquitecto Ignacio Antonio Sáez y el ingeniero industrial Miquel Ángel Verger.
Éste último fue puesto en libertad con cargos el miércoles, acusado de un delito de malversación de caudales públicos, aunque ayer por la tarde fue llamado de nuevo a declarar por la Policía y el fiscal anticorrupción. Su abogado asegura que Verger no fue detenido en ningún momento, ya que, añadió, acudió a declarar por su propio pie.
Palerm fue interrogado en las dependencias policiales por agentes de la Policía Nacional y por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach. Así lo informaron fuentes del PP, que explicaron que Palerm voló ayer mismo por la tarde desde Barcelona a Palma para presentarse en las dependencias policiales.
La declaración de Palerm estaría relacionada con su integración en el consorcio encargado de la construcción del Palma Arena en representación del Consell de Mallorca. El juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, y la fiscalía anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros.
La otra novedad de una jornada caracterizada por los interrogatorios de los detenidos fue la puesta en libertad con cargos del arquitecto Ignacio Antonio Sáez, a quien se le imputa un delito de malversación de fondos públicos.
Por otra parte, el abogado del portavoz municipal del PP en Palma, Rafael Durán, presentó el miércoles por la noche un recurso de «habeas corpus» para agilizar su puesta a disposición judicial sin agotar el máximo de 72 horas que una persona puede permanecer en los calabozos de la Policía Nacional antes de ser llevado ante el juez.
El letrado, José Manuel Horta, explicó que ha optado por esa herramienta jurídica dado que su representado anunció desde el primer momento que se acoge a su derecho a no declarar ante los agentes policiales y el fiscal anticorrupción.
El portavoz del PP en Baleares, Carlos Simarro, insistió en la inocencia de todos los detenidos «hasta que se demuestre lo contrario» y aseguró que sigue habiendo «una vara de medir diferente» cuando se trata de imputados del PP o de otras formaciones. Además, exigió «celeridad» a la justicia.
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