Madrid / Oviedo
Los sindicatos de Policía SUP y CEP exigieron ayer al Gobierno que investigue el trato a los cinco detenidos en la «operación Espada», en la que se investiga un presunto caso de corrupción relacionado con el velódromo Palma Arena, de Palma de Mallorca, por haberles trasladado esposados ante el juez.
El SUP y la CEP emitieron sendos comunicados para denunciar una «humillación innecesaria» a estos detenidos por haber sido expuestos esposados ante los medios de comunicación, y la vulneración de sus derechos al honor, la intimidad o la presunción de inocencia.
«Han sido expuestos como animales de un zoológico», lamenta el SUP al reclamar que se depuren responsabilidades por la forma en que se hizo el traslado de estos cinco detenidos, entre los que destacan el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafael Durán, y el ex regatista olímpico Pepote Ballester.
Para el SUP, el «responsable» de estas actuaciones, «más propias de un país tercermundista», no es sólo el Gobierno, sino también «el juez, fiscal, responsable político o mando policial que dispuso el traslado de los detenidos», «con independencia de que después uno o todos resulten responsables».
El CEP, por su parte, apunta «a los rectores del operativo policial y a la cúpula de la Jefatura Superior de Baleares» como responsables de esa actuación que consideran «incumple de forma evidente» una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula «los comportamientos exigibles a las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas».
Sin salir de asuntos relacionados con el PP, el responsable de política autonómica de los populares, Javier Arenas, respaldó las acusaciones de la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, sobre el espionaje a altos cargos populares. «Se está haciendo un uso político y mediático de la Policía y la Fiscalía como no se había hecho nunca en los 30 años de democracia», dijo Arenas. Para el líder andaluz, el último ejemplo lo constituye la operación del Palma Arena, marcada por la «discriminación y la desproporción» hacia cargos populares palmesanos.
El PSOE insistió en pedir la dimisión de Cospedal. Su secretaria de organización, Leire Pajín, denunció que han pasado cuatro días desde las acusaciones y la dirigente popular no ha presentado una denuncia judicial ni se ha retractado. «El tiempo corre», apremió.
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