Las pruebas de espionaje al PP están «en el cajón de las falsedades», afirma el Gobierno

Madrid / Oviedo

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se preguntó ayer «dónde están» las denuncias judiciales de espionaje de la número dos de los populares, María Dolores de Cospedal, ya que, explicó, desde que las sacara a la luz la pasada semana no ha presentado pruebas ni se ha retractado, Así las cosas, y vista la actitud del PP, De la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, concluyó que las pruebas de las acusaciones de escuchas ilegales a altos cargos del PP «están en el cajón de las falsedades».

Tras una «acusación tan grave» como la de la secretaria general del PP, prosiguió la Vicepresidenta, cabe únicamente la «rectificación» y el reconocimiento del «error», pues si no «queda dañada su credibilidad». De la Vega subrayó que «en democracia no caben las insidias» como estos «ataques sin fundamento» contra jueces, policías, fiscales y Gobierno.

«Nada de esto estaría sucediendo si no existieran los señores Correa, los señores Bigotes y sus presuntas tramas de corrupción», dijo la Vicepresidenta, para quien el problema en todo este embrollo es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no ejerce liderazgo en su propio partido, ya que, en «lugar de poner orden y cortar» los posibles casos de corrupción entre los populares, ha optado por la crispación. Rajoy, tras varios días de silencio, salió a la palestra el martes para respaldar las acusaciones de Cospedal y comunicó que su partido todavía no se ha pensado si lleva al juez las pruebas que dice tener de las escuchas ilegales.

De la Vega expresó su disposición a acudir al Congreso, si hay acuerdo de los grupos parlamentarios, o a «donde quiera» el PP para dar las explicaciones necesarias sobre el funcionamiento de la Justicia, en concreto de la Fiscalía, un órgano cuya autonomía, dijo, ha defendido «desde el inicio». En su intervención del martes, Rajoy instó a De la Vega y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre las escuchas y otros asuntos relacionados con la corrupción que salpica al PP desde que el juez Garzón inició la instrucción del «caso Gürtel».

Desde las filas del PP, el encargado de responder a la Vicepresidenta fue su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien hizo responsable al presidente Zapatero de haber conseguido «el peor clima político» desde 1977 y de propiciar, por tercer trimestre consecutivo, la caída «del índice de libertades públicas».

González Pons no entró en la cuestión de fondo de las escuchas -la presentación de pruebas ante el juez-, pero se quejó de que el Gobierno, en lugar de haber abierto una investigación, lo que, a su entender, habría ocurrido en Inglaterra, Alemania o Francia, «se ha puesto a dar mamporros al PP». En España, «como en Cuba o Venezuela», a la oposición, «además de que puede que le hayan escuchado ilegalmente», el Ejecutivo «le premia con sus insultos».

Mientras, el portavoz del PSPV-PSOE en el Parlamento valenciano, Ángel Luna, aseguró que los contratos que se firmaron en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el mandato de Rita Barberá son responsabilidad suya, ya que fue ella quien designó al secretario general de la institución, Álvaro de la Cruz, sobre quien el PP insiste en hacer recaer la responsabilidad.

En un comunicado, Luna ha criticado que los populares argumenten que esos contratos fueron aprobados por el comité ejecutivo de Federación, algo que, a su juicio, es «una mentira más del PP». «He sido miembro de la FEMP cuando fui alcalde de Alicante y sé que los contratos no se aprueban en el comité ejecutivo, los contratos los realiza el que tiene la capacidad para realizarlos, que es el secretario general de la Federación, y los supervisa el presidente», aseguró el portavoz socialista. Para Luna, no hay duda ninguna de que la responsabilidad es de Barberá, «porque lo ha elegido o porque no lo ha vigilado».