El PSC mantendrá la inmersión lingüística en Cataluña, al margen de la sentencia del Constitucional

Barcelona / Oviedo

La certidumbre de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut está próxima y de que, presumiblemente, implicará recortes al alcance del texto crece cada día y eleva la tensión política en Cataluña.

Tras difundirse el domingo que los magistrados conservadores, y alguno de los progresistas, no están dispuestos a dar luz verde al alcance del concepto de nación y a la obligatoriedad de conocer el catalán, los socialistas del PSC, mascarón de proa del tripartito catalán, anunciaron ayer que no están dispuestos a dar marcha atrás en el plano lingüístico.

La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Carme Figueras, consideró que la inmersión lingüística en las escuelas catalanas no está ni puede estar en cuestión «diga lo que diga» al respecto la sentencia del TC. De este modo, el PSC ratificó las declaraciones hechas el domingo por el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Bernat Joan (ERC), quien aseguró que el Govern mantendrá su política lingüística aunque el TC anule el artículo del Estatut sobre la obligatoriedad de conocer el catalán.

El pronunciamiento de los socialistas catalanes fue respondido de inmediato por el PSOE. Así, el secretario general socialista en el Congreso, Eduardo Madina, sostuvo que las autoridades de Cataluña, como las del resto del país, no están para «liderar reacción ninguna» a la sentencia, sino que deberán «acatarla». Desde el PP, el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, consideró «inadmisible que el PSOE mantenga su pacto de gobierno en Cataluña con políticos que desafían, presionan, amenazan y deslegitiman» al TC. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aconsejó al Gobierno que «trabaje para imponer la sensatez» entre sus socios del tripartito catalán.

La línea de presión sobre el TC, inaugurada la semana pasada por el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluis Carod-Rovira (ERC), quien propuso una manifestación antes de que se haga pública la sentencia, fue ampliada ayer por el presidente del Parlament, el también republicano Ernest Benach, quien aseguró que «una de las muchas respuestas» que pueden dar las instituciones catalanas al TC es una «actividad frenética de despliegue del Estatut».

Benach pronosticó una «crisis de Estado importantísima» si el Alto Tribunal retoca o reinterpreta aspectos del Estatuto catalán y subrayó que «el plan B» se debería discutir «con discreción» y no a través de los medios de comunicación.

El presidente de la Cámara catalana apeló a los partidos catalanes a «olvidarse» de la inminencia de las elecciones autonómicas, previstas para el otoño de 2010, y sellar un «gran pacto» en defensa del Estatuto de Autonomía.