El Congreso deja solo al PP en su denuncia de una persecución por parte del Gobierno

Madrid / Oviedo


El PP se quedó solo ayer en la Diputación Permanente del Congreso en su intento de forzar las comparecencias urgentes de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar la supuesta «persecución» política del Gobierno a los populares.


La mayoría de los grupos votó en contra de las demandas del PP, que incluían también la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. CiU y PNV se abstuvieron, al igual que NaBai, que lo hizo en el punto relativo a Rubalcaba y se opuso respecto a De la Vega y Conde-Pumpido.


La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, vinculó la supuesta «persecución» al «temor» del Gobierno a que «su propia incapacidad de gestionar con eficacia» la crisis «se traduzca en un duro castigo electoral». Sáenz de Santamaría se abstuvo de aludir en ningún momento a las polémicas acusaciones de escuchas ilegales a altos cargos populares vertidas a principios de agosto por la «número dos» de su partido, María Dolores de Cospedal.


Santamaría anunció que su grupo ultima un informe en el que se detallan todos los aspectos de la «persecución» y apuntó que de las 53 actuaciones abiertas a cargos del PP en los últimos tiempos, 49 han sido archivadas. A su entender, eso es prueba de una «doble vara de medir del Gobierno», ya que, añadió, de los 61 casos abiertos al PSOE, en 37 continúan todavía las actuaciones.


La diferencia, explicó, es que en el caso de los dirigentes del PP «se detiene, se esposa y se exhibe a los imputados en "prime time", ante los medios de comunicación previamente convocados, y se les retiene hasta el límite constitucional de las 72 horas». Por el contrario, si se trata del PSOE, las actuaciones se producen «sin esposas, sin filtraciones, sin medios de comunicación».


El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, replicó que las denuncias son un «conjunto de inventos, insidias y mentiras» y una «sarta de barbaridades». A su juicio, los populares quieren conseguir «impunidad» para una serie de personas acusadas de manera «seria» y con indicios «objetivos» de casos de corrupción que «afectan a la credibilidad del PP».


Desde CiU, Jordi Jané anunció la abstención, se quejó del «clima de bronca» con el que se reanuda la actividad parlamentaria y emplazó al PP a trasladar sus denuncias a los tribunales. El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, indicó que se abstendría, estimó la naturaleza del debate «un tanto esotérica» y aseguró que si el PP aportara una «sola prueba» incluso apoyarían la creación de una comisión de investigación.


El portavoz de ERC, Joan Ridao, explicó que no apoyan las peticiones del PP porque constituyen una estrategia de «defensa» ante el «cerco de sospechas» sobre corrupción. Las denuncias van camino, añadió, de volverse una «paranoia casi tan delirante como la trama del 11-M».


El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, justificó su rechazo en que no quiere que «la mentira de destrucción masiva, poco creíble e indemostrable» del PP se convierta en un «delirio de persecución». Francisco Jorquera, del Grupo Mixto, denunció una estrategia de los populares para levantar una «cortina de humo» y «tapar los escándalos» que le afectan.


Mientras, en Baleares otras catorce personas han pasado a estar imputadas en el «caso Palma Arena», entre ellos cinco ex altos cargos del Gobierno del popular Jaume Matas (2003-2007). Entre los nuevos imputados figura el antiguo director de Comunicación de Matas, Joan Martorell. En total, son ya 32 las personas imputadas, de las cuales doce son ex altos cargos autonómicos populares.