Aguirre rectifica su acusación de que Rubalcaba ordenó el «espionaje» al PP

Madrid / Oviedo

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, rectificó ayer, 24 horas después de haber irrumpido en la polémica abierta por el PP sobre las supuestas escuchas a sus altos cargos. Aguirre dio marcha atrás en sus acusaciones de que el autor del «espionaje» es el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

«Yo no he querido acusar al ministro del Interior de hacerlo él. Por lo tanto, en ese sentido rectifico; pero que escuchas haberlas haylas, que se publican siempre en el mismo medio y que siempre transcriben conversaciones de miembros o afines del PP, nadie tiene duda de ello», argumentó. Aguirre marcó aún más distancias con sus declaraciones del lunes al asegurar: «No he acusado a nadie ni he hablado de escuchas ilegales», aunque «me he preguntado si las escuchas se han hecho por orden judicial, si están en el sumario, si se han quitado del sumario, quién ha ordenado que se quiten, si se filtran, quién las filtra y todo eso».

La presidenta de Madrid relacionó el supuesto espionaje con el «diferente trato», dijo, «que se da a los miembros del PP» y con las «detenciones mediáticas de miembros del PP de Palma, esposados por la mano derecha», lo que, aseguró, no ha «visto hacer ni siquiera con etarras».

Tras difundirse la rectificación de Aguirre, Rubalcaba la agradeció y aprovechó para recordar la tesis del Gobierno desde que la «número dos» del PP, María Dolores de Cospedal, lanzase la polémica: «En España no hay, no se hacen escuchas ilegales» y eso «lo saben perfectamente el señor Rajoy, la señora de Cospedal y todos los dirigentes del PP». Rubalcaba explicó que las escuchas «las ordenan los jueces y lo hacen de manera restrictiva y prudente, y sólo se escucha para investigar a los presuntos delincuentes».

Aguirre no fue la única dirigente popular en referirse al supuesto espionaje. El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, aseguró que hay «indicios suficientes» de que «en la persecución», dijo, «de la que está siendo objeto el partido, ha habido utilización en distintos grados y de distintas formas de conversaciones telefónicas». González Pons aludió a la denuncia judicial presentada por el PP en julio y consideró que «lo normal» sería que la Policía y la Fiscalía se interesasen «y no que a uno le insulten».

La propia Cospedal salió a la palestra para añadir nuevos detalles a sus denuncias, asegurando que han aparecido conversaciones privadas suyas en algunos medios. Cospedal advirtió que estas escuchas «tienen que ser realizadas por la Policía judicial» y «por instrucciones de alguien» para que actúen de forma «acusadora y acosadora» y advirtió que el PP irá «ampliando» la denuncia judicial que presentó en julio «cuando sea necesario».