Madrid / Oviedo
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado orden de busca y captura nacional e internacional contra la etarra Maite Aranalde, que se encontraba en libertad desde el pasado jueves, después de haber sido extraditada por Francia la semana pasada y ser puesta en libertad bajo fianza de 12.000 euros por el sustituto de Garzón durante las vacaciones, Eloy Velasco, quien alegó un error de Francia en la tramitación de la documentación.
Sin embargo, Garzón considera que, pese a los lapsus en la documentación enviada por Francia, se cumplían «todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional» para que la presunta terrorista hubiera ido a prisión con carácter incondicional y no sujeta a fianza.
Garzón admitió ayer el recurso de la fiscalía contra la puesta en libertad de Aranalde y ordenó, ayer mismo, su ingreso en prisión por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al «comando Donosti». Sin embargo, según fuentes judiciales, cuando las fuerzas de seguridad fueron a notificarle el auto de ingreso en prisión y detenerla, Aranalde ya había desaparecido de su domicilio en Ibarra (Guipúzcoa).
La Policía sospecha que la etarra podría encontrarse huida desde el pasado domingo, ya que ese día vecinos de su localidad natal de Ibarra (Guipúzcoa) intentaron rendirle un homenaje al que la propia terrorista no acudió.
Velasco también retiró el pasaporte a la etarra y le fijó comparecencias semanales, medidas contra las que, junto con la puesta en libertad, recurrió la fiscalía al considerar que existía un alto riesgo de fuga.
La clave del embrollo es que Aranalde fue extraditada por Francia, pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos y no por su presunta participación en la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena «operación salida» del puente de la Constitución en 2004. Al parecer, el tribunal de apelación de París, que tramita la orden europea de detención y entrega (OED) librada contra Aranalde por esta última causa, extravió la documentación de esa euroorden, lo que obligó a que el juez Ismael Moreno -en sustitución de su compañero Santiago Pedraz, instructor de la causa- cursara de nuevo a Francia la OED la semana pasada.
La huida de la etarra ha causado un profundo revuelo y malestar tanto en las fuerzas políticas como en los cuerpos policiales, que se han apresurado a desligarse de cualquier responsabilidad y a atribuírsela al juez Velasco.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exculpó de responsabilidades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y admitió que la liberación de Aranalde fue propiciada por un «error burocrático de Francia». Rubalcaba añadió que «los primeros que lo lamentan son los franceses». El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, confió en que la detención de Aranalde «sea cuestión de horas o días».
Por otra parte, Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de 60.000 euros a dos ex parlamentarias del PCTV por un delito de integración en ETA.
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