Madrid / Oviedo
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional decidirá hoy si toma medidas contra el juez Eloy Velasco tras la huida de la etarra Maite Aranalde, que, después de ser extraditada por Francia la semana pasada, quedó en libertad bajo fianza por orden del magistrado y se dio posteriormente a la fuga.
Aranalde, sobre la que pesa una orden de busca y captura, fue extraditada por Francia, pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al «comando Donosti» de ETA y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en 2004.
Por la primera de las causas, Velasco -que sustituía a Baltasar Garzón mientras éste estaba de vacaciones- ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros que abonó el viernes. Esta decisión fue recurrida por el fiscal al considerar que existía un alto riesgo de fuga de Aranalde, aunque, hasta el pasado lunes, cuando Garzón regresó de sus vacaciones, no se resolvió.
Garzón estimó el recurso, ordenó el ingreso en prisión de la etarra y, finalmente, emitió una orden de busca y captura. En su auto, Garzón advertía de que cuando la etarra fue extraditada ya existía riesgo de fuga y criticó la argumentación de Velasco.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, defendió ayer la actuación del juez y aseguró que su decisión de imponerle una fianza para eludir la prisión entra dentro de la «independencia judicial» y «forma parte de la mecánica jurídica».
Las asociaciones de jueces lamentaron la fuga de Aranalde, pero defendieron que tanto Velasco como Garzón adoptaron decisiones «jurídicamente irreprochables». También el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió a Velasco, «un juez serio al que le debe mucho la lucha antiterrorista.
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