Los siete adolescentes detenidos en Pozuelo, condenados a no salir de noche en tres meses

Después de la declaración de los siete detenidos por los altercados durante las fiestas de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el juez decidió ayer imponer a los jóvenes la prohibición de acudir durante tres meses a las fiestas o ferias de pueblos después de las 22.00 horas. Asimismo, se les condena a 90 días de libertad vigilada, en cuyo transcurso serán evaluados por técnicos y psicólogos de la Agencia del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid.

Todos los implicados en los incidentes pasaron a disposición judicial el lunes. Ese mismo día, 13 adultos fueron puestos en libertad, a la espera de las posteriores diligencias.

Según fuentes policiales, uno de estos jóvenes mayores de edad era Antonio Cruzat Hurtado de Mendoza, nieto del marqués de Feria, Antonio Cruzat y Salazar. El detenido apareció en las imágenes captadas ese día, concretamente cuando entraba en el coche policial para su traslado a Comisaría.

Sin embargo, cuando el agente procedió a identificarle dio el nombre falso de Mario García Serrano y bajo esa identidad ingresó en los calabozos. Éste llegó a agredir gravemente a uno de los agentes que intentaban disolver a los exaltados.

Tras conocerse la sanción impuesta a los menores detenidos, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, consideró que se trata de un «castigo razonable» y pidió a los padres que encajen la medida «con deportividad». Canalda argumentó que «no pasa nada» porque estos jóvenes «se tiren tres meses sin salir» después de haber «quemado coches de Policía, mobiliario urbano y haber pegado» a varios agentes de las fuerzas de seguridad.

Para Canalda, el que «2.000 chavales» organicen una «zapatiesta monumental» no se puede tolerar y, por ello, pidió la colaboración tanto de los educadores y padres como de la propia Administración para evitar que este tipo de altercados se produzcan en fiestas venideras. Así, exigió a los padres que «exijan más a sus hijos, se enteren de con quién van, les enseñen a respetar al prójimo y los bienes públicos» y llamó a la Administración a que ejerza un «control» en la venta de bebidas alcohólicas y del consumo de éstas en la vía pública.

Mientras, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, manifestó que la falta de autoridad de los padres y profesores está en el origen de comportamientos como «el botellón», y que, cuando por ejemplo se permite «el tuteo» a los maestros se está abriendo el camino a «la falta de respeto». En su opinión, los disturbios de Pozuelo se debieron «al desbordamiento de actitudes irracionales» por la pérdida de autoridad de los padres y de valores de la sociedad.

El Partido Popular denunció la «falta de reacción» del Gobierno después de las agresiones sufridas por la Policía durante los incidentes y criticó que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «permanezca callado». Mariano Rajoy apeló a la responsabilidad de las familias para evitar incidentes como los sucedidos en Pozuelo.