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París / Oviedo
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que el nuevo impuesto que gravará la emisión de CO2 anunciado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, es una iniciativa «interesante, a tener en cuenta», y añadió que la fiscalidad verde es uno de los campos en los que está trabajando la mayoría de los países desarrollados.
Sólo 24 horas antes, la vicepresidenta Elena Salgado había descartado tajantemente la aplicación de un impuesto verde como el de Sarkozy que obligará a pagar, a partir de 2010, 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita por uso de petróleo, gas y carbón, aunque se compensará a las familias con una reducción en el impuesto sobre la renta o con un «cheque verde». Según los primeros cálculos, la aplicación de esta tasa supondrá el pago de cuatro céntimos por litro de gasolina.
«Una manera de ser exigentes con la contaminación es la imposición fiscal. Es un camino que se va a abrir en todos los países», subrayó Zapatero a la salida de su reunión con Sarkozy en el Elíseo, en un momento en el que el Gobierno socialista ha abierto de par en par el debate sobre la subida de impuestos.
La vicepresidenta Elena Salgado admitió ayer que el aumento del IVA es «una de las posibilidades» abiertas, tal como dijo Zapatero el jueves en Italia. La titular de Economía destacó que la imposición indirecta en España es una de las más bajas de Europa y que su aumento se hará con equidad, aunque en ningún caso habrá modificación del IRPF ni en los tramos ni en los tipos.
«El Ministerio continúa examinando todas las figuras», señaló la Vicepresidenta, aunque sí se han descartado algunas cosas, como los cambios en los tipos y las tarifas de las rentas del trabajo o la supresión de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento. Salgado dijo que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar alguna posibilidad en las rentas de capital y las plusvalías. Los criterios para acometer los cambios impositivos serán la eficacia, la equidad, la justicia y la idea de que produzcan las menores distorsiones posibles en el crecimiento.
Elena Salgado afirmó que la subida de los impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol e hidrocarburos) es lo que menos distorsiona la actividad económica y destacó que la propia CEOE ha solicitado este incremento. Sobre fiscalidad «hay literatura para todos los gustos» y hay quienes defienden que una subida de los impuestos especiales o del IVA es lo que menos efectos negativos genera en el mercado, dijo.
El ministro de Fomento, José Blanco, manifestó que el debate «no es subir o bajar los impuestos, sino elegir entre recortar la protección social o no recortarla. El Gobierno va a hacer un ajuste temporal en materia impositiva que permita recaudar más para hacer frente a los desafíos que tenemos. Alemania subió el IVA y ha contribuido a reactivar la actividad económica».
«Siempre es mejor subir los impuestos que no tienen incentivos o no desincentivan el trabajo y el crecimiento y los hacendistas saben que los indirectos son la vía», dijo el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien advirtió al Gobierno de que junto a las medidas presupuestarias y fiscales hay que acometer reformas estructurales. Además hizo hincapié en la urgencia de recortar el gasto público para poner coto al déficit.
El Gobierno reducirá el gasto corriente de los ministerios, además de los presupuestos del Fondo Estatal de Inversión Local, y eliminará el Fondo de Dinamización de 3.000 millones, anunció el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien señaló que se van a introducir modificaciones al alza del impuesto sobre la renta. Los incentivos a la vivienda se cambiarán en 2011.
Desde el PP, Esteban González Pons tachó de «barbaridad» que el Gobierno pretenda recaudar 15.000 millones con la subida de impuestos indirectos porque considera que sería como «bajar el sueldo a los currantes, la pensión a los jubilados y el subsidio a los parados». Los impuestos indirectos «son injustos», porque «los paga igual el que no tiene qué llevar a su casa que el millonario», añadió. Tanto el PP como CiU criticaron a Zapatero, al que acusaron de ocultar información al Congreso para ir a Italia a hacer el anuncio de la subida.
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