La trama paso a paso

EFE La presunta trama de corrupción, que hoy sentará en el banquillo de los acusados a una quincena de empresarios y ex altos cargos de Hacienda en Cataluña, se comenzó a investigar hace más de una década, como una pieza separada del "caso Torras". Por esta trama, el empresario Javier De la Rosa fue condenado a siete años de prisión, al detectarse irregularidades en la inspección de algunas empresas del propio grupo Torras, así como de Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro.

Según mantiene la Fiscalía, los inspectores, "excitados por las ventajas patrimoniales" que les ofrecían los empresarios imputados, "torcieron intencionadamente el ejercicio de sus funciones públicas" de inspección de Hacienda para obviar los artificios fiscales de las compañías investigadas.

De acuerdo con la acusación pública, De la Rosa, a través del abogado Juan José Folchi, entabló relación de amistad con el ex jefe de Hacienda en Cataluña y, a cambio de varios ingresos en una cuenta bancaria en Suiza, consiguieron un trato de favor en las inspecciones fiscales.

Inspectores implicados

Para ocultar su "torticera" actuación, según la Fiscalía, Huguet contó con la colaboración del entonces jefe de la unidad regional de inspección, Manuel Abella, quien presuntamente decidió sumarse al plan delictivo, no para cobrar, sino para asegurarse de que su superior no se entrometiera en las actuaciones ilegales que él llevaba a cabo con el grupo Núñez y Navarro.

En opinión del ministerio público, Huguet y Abella, a instancias de De la Rosa y Folchi paralizaron y denegaron inspecciones fiscales, mintieron en diligencias de comprobación y extendieron actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de empresas y filiales del Grupo Torras.

A su vez, Abella y el inspector regional adjunto, Roger Bergua, hicieron la vista gorda respecto a los presuntos fraudes y artificios fiscales del grupo Núñez y Navarro, a cambio de sumas en efectivo y ventajas económicas en la compra de inmuebles.

"Rebajas" en los caprichos

El grupo dirigido por el ex presidente del Barça logró ahorrar presuntamente 13,2 millones de euros en impuestos, mientras que Abella disfrutó de facilidades económicas para la compra de un dúplex en Barcelona y Bergua consiguió un piso y una plaza de aparcamiento a un precio muy inferior al del mercado.

Este caso de corrupción en Hacienda forzó que en 1999 Josep Borrell, citado a declarar como testigo en el juicio, renunciara como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno por su relación de amistad con el ex delegado de Hacienda en Cataluña Ernesto Aguiar -en su día imputado en la causa- y Huguet, quienes fueron cargos de su confianza durante su paso por el Ministerio de Hacienda.