El Congreso aprueba que el Supremo pueda procesar al popular Merino por el «caso Gürtel»

Madrid / Oviedo

El Pleno del Congreso aprobó ayer, en una votación secreta, la concesión del suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para investigar la implicación del diputado Jesús Merino en el «caso Gürtel», sobre una presunta red de corrupción en el entorno del PP.

La aprobación se produjo por 329 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones en una sesión a puerta cerrada. Mariano Rajoy emitió su apoyo al suplicatorio. El presidente de la Cámara, José Bono, tiene ocho días para comunicar esta decisión al Supremo, que desde ese momento podrá citar a Merino a declarar como imputado en el «caso Gürtel» e incluso procesarle.

Siete horas antes, la Comisión del Estatuto del Diputado había dado luz verde al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de forma unánime. Merino, tal como manda el Reglamento, no participó en la votación, puesto que le afecta personalmente.

En el Senado se sigue un proceso similar con Luis Bárcenas quien envió más documentos a la Cámara, a la que pidió ampliar su amparo. El ex tesorero del PP y el diputado Merino figuran en el sumario del «caso Gürtel» por su presunta relación en la trama de corrupción del empresario Francisco Correa. El Congreso ha aprobado 27 suplicatorios, entre ellos el del ex ministro socialista José Barrionuevo por el «caso GAL» y ha rechazado trece.

Mientras, la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que la fiscalía no trata igual las causas en las que supuestamente están implicados cargos del PP que aquellas en las que lo están miembros del PSOE. Los populares llegaron a esta conclusión después de estudiar 160 casos ocurridos en los últimos años. Sáenz de Santamaría asegura que ha quedado demostrado que el fiscal tiene «mucho interés» en solicitar penas de prisión para delitos de revelación de secretos y «ningún interés» por investigar filtraciones de sumarios que afectan al PP.

Por otra parte, la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial acordó por unanimidad archivar la última queja pendiente del PP contra el juez Baltasar Garzón por las filtraciones durante la instrucción del «caso Gürtel». El CGPJ entiende que los hechos que recoge la queja sobre supuestas filtraciones carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de consideraciones subjetivas.