Madrid
El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan de modernización de la justicia, que prevé un incremento del 19 por ciento de la actual planta judicial entre este año y el 2012. Esta medida supone la creación de 910 nuevas unidades judiciales y, «por primera vez en 30 años de democracia», según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la acción concertada de todos los sectores implicados en este ámbito, es decir, Gobierno, comunidades autónomas, Consejo del Poder Judicial, Fiscalía y profesionales implicados.
El plan, que contiene 24 programas de actuación y 146 medidas concretas, tendrá un coste de 600 millones de euros hasta el final de la legislatura, cifra que fue garantizada por la propia vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.
Según Caamaño, este año el Estado y las once comunidades autónomas con competencias en materia de justicia necesitaron el doble del presupuesto del que había sido destinado en 2004 a este servicio público. Sin embargo, con el aumento de recursos y de número de jueces, «no se ha alcanzado el estándar de calidad que se desea», según la opinión de los ciudadanos y de los colectivos profesionales implicados.
Con respecto a la huelga que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha convocado para el 8 de octubre, Caamaño señaló que en la elaboración de este plan han participado todas las asociaciones de jueces, aunque se trata de una iniciativa «pensada básicamente para los ciudadanos». Si hay una convocatoria de huelga serán ellos los que tendrán que explicar por qué paran, porque el Ministerio de Justicia no va a parar», afirmó el Ministro.
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