Madrid / Oviedo
La Comunidad de Madrid registró ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto aprobado el pasado julio por el Gobierno que permite a Cataluña y a Andalucía conceder permisos iniciales de trabajo a extranjeros.
El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que ese decreto vulnera el artículo 149 de la Constitución, que señala que «al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo», informa «Efe».
Argumenta que el nuevo procedimiento «complica aún más los trámites burocráticos» y «pone las cosas más difíciles» a los extranjeros que quieren venir a trabajar a España. El tercer motivo que sustenta el recurso es la «vulneración de la jerarquía normativa» en que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno central al modificar con ese decreto el reglamento de la ley de extranjería, sin que esté aprobada aún la reforma de dicha norma.
El Consejero madrileño de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, denunció ayer que las regiones que no tienen esa competencia quedan «a merced de lo que las otras decidan en términos de extranjería». «La persona a la que una comunidad A le hubiera dado el permiso de trabajo inicial podría irse, más pronto o más tarde, a residir a otra y ser esa comunidad, por ejemplo la de Madrid, quien tuviera que hacer frente a la escolarización, la asistencia sanitaria y todo lo que corresponde a las prestaciones a las que tiene derecho cualquier extranjero que resida en España», subrayó.
Madrid «no quiere esa competencia, es el Estado el que debe seguir teniéndola en exclusiva», dijo Lasquetty. Ese decreto permite que las comunidades que lo recojan en sus estatutos puedan conceder los permisos de trabajo para extranjeros, lo que se produce sólo en los casos de Cataluña y Andalucía.
Por otra parte, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol afirmó ayer que se está librando una «batalla» para evitar que España «absorba» Cataluña y «borre» su personalidad diferenciada. Pujol cree que esta comunidad vive un momento crítico. «Si entre el acuerdo de financiación y la sentencia del TC y la sistemática acción de erosión de los partidos españoles finalmente resultase que el intento del Estatuto ha resultado fallido, está claro que Cataluña deberá dar una respuesta», añade.
Por último, un informe de la Intervención General de la Generalitat revela que un 16% de los estudios externos que encargó la Administración catalana en 2007 carecía de utilidad, se pagó un precio excesivo por ellos o podían haberse hecho con los medios de los que ya dispone la Generalitat. CiU ha pedido explicaciones a José Montilla por el derroche de más de 700.000 euros.
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