Valencia
El Partido Popular (PP) valenciano denunció ayer que el informe policial sobre la supuesta financiación ilegal del partido es «un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior», y anunció que denunciará a sus autores.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, publicado ayer por los diarios «El País» y «El Mundo», y rechazado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, asegura que la dirección regional del PP organizó una financiación ilegal del partido a través de la firma Orange Market, vinculada a la trama empresarial del «caso Gürtel».
El secretario regional del PP, Ricardo Costa, aseguró que no piensa dimitir y admitió que el partido se equivocó al trabajar con Orange Market, aunque cuando lo hizo era «una garantía de prestación de servicio». Precisó, también, que la denuncia se presenta contra la persona que encarga el informe y la que lo firma, «no contra la Policía».
El informe, según Costa, constituye «una actuación insólita», ya que se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), sin que nadie lo pidiera y en mano por un funcionario desplazado desde Madrid, un día antes de que se resolviera el archivo de la rama valenciana del «caso Gürtel», con el fin de «alargar» la imputación y «desacreditar» al PP.
A su juicio, el propósito «claro» del informe, redactado «con intención sesgada» y hecho «única y exclusivamente a instancia e iniciativa del Ministerio del Interior», que no aparece «fechado ni firmado por ningún agente», era «influir» en el proceso judicial y hacer «más de juez que de investigador», con el «único objetivo de atacar al PP».
También el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, anunció que presentará una querella por injurias.
Por su parte, el presidente regional y del PP de la comunidad, Francisco Camps, recibió el apoyo telefónico de Mariano Rajoy, quien respaldó todas las acciones que emprenda el partido en Valencia. Camps no hizo declaraciones y se remitió a lo dicho por Costa.
Rajoy rechazó investigar la supuesta financiación irregular del PP valenciano, aunque reconoció que «si alguien quiere embrollar, evidentemente, puede hacerlo». Además, añadió, la contabilidad del PP está auditada por el Tribunal de Cuentas.
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, instó a Rajoy a dar explicaciones «cuanto antes» de lo que pasa en su partido, al igual que lo hizo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para quien el líder del PP «no puede seguir mirando para otro lado». El Grupo Socialista en el Parlamento valenciano solicitará la creación de una comisión de investigación.
Madrid
El informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que archivó la causa contra el presidente Francisco Camps por un supuesto delito de «cohecho impropio».
La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano. Según la Policía, el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.
Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la «trama Gürtel», abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat.
El informe policial revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era conocida por Costa y por toda la cúpula del partido.
Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, «el Bigotes»- ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra en negro. La denominada «caja A» aparece denominada como «Alicante» y la «B» como «Barcelona».
«En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación con la facturación al PP de la Comunidad Valenciana», dice textualmente el informe que publica «El Mundo».
En los pagos «en dinero b» por actos del PP la Policía ha recabado indicios de que a veces se sufragaban con «aportaciones diversas de empresarios de la comunidad como Enrique Gimeno (Facsa) o Vicente Cotino, de Sedesa, enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago».
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