Valencia/ Oviedo

La Fiscalía Superior de Valencia ha archivado la denuncia del secretario regional del PP, Ricardo Costa, contra la Policía por el informe de la brigada de blanqueo de capitales que apunta a una posible financiación irregular del partido, al no hallar ningún indicio delictivo.

Ricardo Costa definió este informe policial como «intencionado» e «instigado exclusivamente» por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y llegó a decir que «no es nuevo, sino una recopilación y un montaje de varios informes incorporados al proceso de Madrid, con conclusiones no probadas mezcladas de forma intencionada a partir de conversaciones y pruebas que no tiene coherencia en el espacio ni el tiempo».

También alegó que la presentación de este informe se hizo para «influir en los jueces», «alargar» la imputación y «dañar» al PP, lo que consideró «una actuación insólita en democracia». La oposición consideró ayer que la decisión de la fiscalía es «un gran revés» de Francisco Camps de «negar la mayor sobre el caso Gürtel».

Mientras, el PP ha impedido tramitar una propuesta del grupo Compromís para su votación en el debate sobre el estado de la región que pedía la reprobación del presidente Camps, por su «falta de sinceridad» y la «paralización» de su gobierno.

El PP ha justificado su negativa en que esa propuesta implica supuestamente una moción de censura o una cuestión de confianza al jefe del Gobierno regional. La oposición calificó el rechazo de «atropello» y Compromís ha adelantado que lo llevará al Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha explicado que la propuesta «no se ajusta a reglamento» y pide la reprobación del presidente «de forma arbitraria y de forma antirreglamentaria», ya que eso sólo se puede hacer mediante una moción de censura, que deben firmar al menos 20 diputados y requiere de un candidato alternativo y mayoría absoluta.

La cámara regional rechazó con los votos en contra del PP, una propuesta del PSOE para que el gobierno autonómico entregara a los grupos una copia de todos los expedientes de contratación de la Generalitat con empresas relacionadas con el «caso Gürtel». Populares y socialistas se opusieron además a crear una comisión sobre corrupción.