Camps se deshace de Costa, forzado por Rajoy

Valencia / Madrid / Oviedo

La primera víctima del «caso Gürtel» en Valencia ya tiene nombre: Ricardo Costa, secretario regional de los populares y portavoz del grupo parlamentario en la Cámara autonómica. Las intensas presiones de la dirección nacional del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, forzaron ayer al presidente regional, Francisco Camps, a sacrificar a su mano derecha.

El anuncio llegó con Costa disfrutando del puente festivo en Astorga, adonde el político valenciano se desplazó para hacer el Camino de Santiago. Rajoy había dado de plazo hasta las 21 horas de anoche para que Camps obligara a dimitir al secretario general, porque, de no hacerlo, el presidente nacional del partido enviaría un comunicado desde Génova anunciando el cese.

Durante todo el viernes, Costa, lejos de arrugarse, llegó a asegurar que contaba con toda la confianza de Camps. «Que me echen», dijo desafiante, después de que el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, advirtiera contundente a la vera del Turia en relación con el «caso Gürtel»: «Ha llegado el momento de hacer algo o de hacer algo. La fiesta en Valencia se acaba a las cuatro de la tarde».

Anoche, fuentes directas de Camps anunciaban que el comité ejecutivo del PP valenciano propondrá el próximo martes el «cese temporal» de su secretario general, Ricardo Costa, en sus funciones dentro del partido, aunque mantiene la confianza «total» en su persona. Esta decisión, «en ningún caso», pone en entredicho «ni la capacidad ni la trayectoria política» del portavoz del Grupo Popular.

Las especulaciones en torno a la caída de Costa se han sucedido a lo largo de toda la jornada, festiva en la Comunitat Valenciana y marcada por las repercusiones políticas del «caso Gürtel» en el PP regional, especialmente durante el acto institucional y la posterior recepción en el Palau de la Generalitat.

Costa se fue de viaje nada más finalizar ese acto, motivo por el cual no asistió a la posterior procesión. Antes afirmó que en las diversas conversaciones, «unas habituales y otras específicas», que mantuvo en las últimas 24 horas con Camps éste le trasladó su confianza en su persona y en su gestión.

Tras evitar responder sobre si alguien del PP le había pedido su dimisión, Costa expresó su «absoluto respeto, apoyo y lealtad a Rajoy, que estoy seguro que en todo este proceso está haciendo lo más correcto para el PP». Más tarde, los periodistas intentaron, sin éxito, dialogar con Camps esas especulaciones sobre el futuro de su «número dos», que han quedado momentáneamente aplazadas al conocerse la convocatoria del próximo martes del comité ejecutivo regional.

Al final, las sospechas sobre la financiación ilegal del PP han truncado la ascendente carrera política de Ricardo Costa (Castellón, 1972), mano derecha de Camps en el partido y en las Cortes, y que parecía destinado a entrar en el Gobierno regional. Su nombre apareció relacionado con la investigación del «caso Gürtel» y fue imputado junto a Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret.

Cuatro de los cinco políticos madrileños imputados en la «trama Gürtel» (los diputados regionales López Viejo, Bosch, Martín Vasco y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda) renunciaron ayer a estar adscritos al PP. El quinto, González Panero, será expulsado si no lo ha hecho el próximo martes.

Jesús Sepúlveda es el único de los cinco que ha renunciado también a su acta de concejal, en tanto que los tres diputados han decidido conservar el escaño, si bien esta misma mañana han renunciado «voluntariamente» a formar parte del Grupo Popular y a beneficiarse de las «subvenciones y ayudas económicas» inherentes al cargo, informa la agencia «Efe».

El PP registró ayer una proposición de ley para crear la figura del «diputado no adscrito» y para que a López Viejo, a Bosch y a Martín Vasco se les reconozcan «exclusivamente los derechos individuales».

La madrileña Esperanza Aguirre afirmó que su decisión de expulsar a los imputados del «caso Gürtel» no debe servir «en absoluto» de ejemplo para el presidente Francisco Camps, porque en Valencia «no hay nadie imputado».

Aguirre se confesó especialmente «dolida» con el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, porque se ha demostrado que siguió contratando con empresas de la trama, a pesar de que le advirtió de que no lo hiciera. La presidenta no ha hablado de este asunto con el líder del PP, Mariano Rajoy, pero sí con María Dolores de Cospedal.

El Consejo General de la Abogacía Española cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del «caso Gürtel» y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de derecho ya que fueron realizadas «sin apoyo legal», «fuera de la legalidad vigente».

De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes. El Consejo manifiesta su «absoluto rechazo» a la «violación del secreto profesional» que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es «un gravísimo atentado» contra el Estado de derecho.

Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.