Valencia / Oviedo
El Gobierno valenciano planteará una queja ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Baltasar Garzón, en relación al sumario del «caso Gürtel», «para que se tengan en cuenta las informaciones extraídas» de la investigación «en las que se exculpa absolutamente» al presidente regional Francisco Camps.
La portavoz Paula Sánchez de León aseguró que han asistido «a un espectáculo mediático donde se ha contado la historia a medias», basada en unos hechos contenidos en un sumario que «no conocíamos» y del que «nos hemos enterado gradualmente y a golpe de titular».
A su juicio, estos hechos constituyen «una gran mentira», al tiempo que manifestó que hay «una verdadera historia que no se ha contado» y a la que el Ejecutivo valenciano dará una respuesta «institucional firme, ajustada a derecho y serena». Sánchez de León insistió en que, desde que se ha hecho público parte del sumario, «se ha puesto de manifiesto que hay una historia no contada, un relato que nadie ha querido escribir y corta-pega que no se ha hecho».
Francisco Camps, por su parte, agradeció a Mariano Rajoy que lo ratificara como candidato para las elecciones autonómicas de 2011 y le mostrara su apoyo, tras el cese de Ricardo Costa en relación con la «trama Gürtel».
La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, cree que la intervención de Rajoy ha sido «valiente y sincera», ya que Camps no se ha manifestado igual que Costa. Además, la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que no se deben aceptar regalos de personas que esperen algo a cambio, y, «desde luego, no se puede admitir» uno «como inversión».
Al ser preguntada por la supuesta amistad entre Camps y El Bigotes y si la farmacia de su mujer estaba implicada en la trama, Cospedal replicó que «eso está aún por demostrar» y será en los tribunales.
El presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, dijo que el presidente de honor del PP, Manuel Fraga, se debería «retirar» y tachó de «frivolidad» las declaraciones en las que éste cuestionaba la honestidad de Camps.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha considerado de «extrema gravedad» y una «quiebra del Estado de derecho» la grabación de las conversaciones de los cabecillas de la «Gürtel» con sus letrados.