Madrid
El Tribunal Supremo quiere saber si la investigación de las fosas correspondía al juez Baltasar Garzón en función de las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Con esta decisión, el alto tribunal descarta por el momento sobreseer la causa, que es lo que había pedido la defensa de Garzón, y continúa con la investigación. Además, ha pedido una copia de las diligencias abiertas sobre los fusilamientos de Paracuellos de 1936, para «esclarecer las circunstancias» en que se dictan las resoluciones.
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha dictado un auto en el que pide al Juzgado Decano de los Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, que le remita las normas reguladoras del sistema de reparto de los asuntos, así como «fotocopia autenticada de los soportes documentales» relativos a la presentación a reparto de las denuncias, que fueron llegando paulatinamente a la Audiencia desde diciembre de 2006.
Accediendo a una petición del sindicato ultraderechistas Manos Limpias, Varela quiere conocer cómo funcionó el reparto de denuncias y querellas entre los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional en los últimos meses de 2006. Para ello solicita las diligencias de reparto de todos los asuntos que llegaron durante los tres meses anteriores a la presentación de la primera denuncia que originó la causa.
En el mismo auto, el instructor del Supremo accede a otra de las peticiones de las acusaciones y ordena que se remita al alto tribunal una copia de las diligencias 70/1998, relativas a los sucesos de Paracuellos de 1936, que fueron archivadas por Garzón.
El magistrado justifica esta petición «en la medida en que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones» relativas a la causa por desapariciones del franquismo.
Varela ha rechazado por el momento otra de las pruebas solicitadas por Manos Limpias, que se refiere a una ponencia pronunciada por Garzón el 24 de junio de 2008, en la que éste criticó a la ONU por su Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.
Varela analizará la documentación que le llegue de la Audiencia antes de decidir si sienta o no a Garzón en el banquillo. En el caso de que se produzca su procesamiento, el Consejo General del Poder Judicial deberá discutir si procede suspenderle en sus funciones mientras se sustancia la causa por prevaricación.
El Supremo ha emplazado al Consejo General del Poder Judicial para que antes de diez días presente las alegaciones oportunas sobre el recurso presentado por dos abogados contra el archivo de la investigación disciplinaria que se abrió a Garzón por el cobro de 203.000 dólares durante la excedencia que disfrutó en Estados Unidos entre marzo de 2005 y junio de 2006.