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San Sebastián / Oviedo
El PNV y el resto de partidos nacionalistas participaron ayer con los proetarras en la marcha de miles de manifestantes por San Sebastián contra las detenciones de Arnaldo Otegi y los integrantes de la nueva cúpula de Batasuna, secundando una convocatoria hecha por sus sindicatos.
La protesta estuvo precedida la madrugada anterior por ataques de comandos del terrorismo callejero, que calcinaron un autobús en Bilbao, varios contenedores en San Sebastián y tres cajeros en Ondárroa. El fuego del autobús bilbaíno estuvo a punto de propagarse a un edificio, lo que llevó a su desalojo.
La operación que ha llevado a la cárcel a Arnaldo Otegi y al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga ha concitado el rechazo de todo el arco político nacionalista, incluido el PNV, representado por Andoni Ortuzar, Joseba Egibar e Iñaki Gerenabarrena, máximos responsables del partido en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. José Luis Moreno y Rufino Etxeberria, dos de los arrestados por participar en la reconstrucción de Batasuna que fueron puestos en libertad, también se encontraban entre los asistentes.
Los peneuvistas dijeron que se identificaban con el lema de la marcha, al considerar que estas actuaciones judiciales van contra los derechos de los ciudadanos. A la protesta acudieron la plana mayor de EA y dirigentes de Aralar.
La manifestación estaba encabezada por una pancarta que decía: «A favor de la libertad, todos los derechos para todas las personas». Durante la misma se corearon gritos de «independencia» y, al final, «PNV, español».
El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió ayer que el PNV debe saber que «lo que está defendiendo en la calle es una estrategia político-militar diseñada por ETA. El titular de Interior se refería al auto del juez Baltasar Garzón en el que explica que envía a la cárcel a Otegi porque seguía órdenes de ETA para conseguir treguas encubiertas para el País Vasco y Navarra y, a la vez, seguir atentando en el resto de España. En el mismo sentido se pronunciaron el lendakari López y el Partido Popular.
Por último, siete de los miembros de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía condenados por el Tribunal Supremo a penas de 8 a 10 años ingresaron en las últimas horas en prisión, después de ser detenidos, para que cumplan el resto de condena que les queda.
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