Madrid / Oviedo
El Colegio de Abogados de Madrid se querellará contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales adscritas al «caso Gürtel», Concha Sabadell y Miriam Segura, por un delito de prevaricación y por otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones con motivo de la grabación en la cárcel de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus defensores.
El mencionado Colegio, que ha otorgado el amparo a los abogados de ocho de los imputados en el «caso Gürtel», trasladó al Consejo General del Poder Judicial, al instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al fiscal general del Estado su «más energética protesta» por la actuación de Garzón, Sabadell y Segura. Además exige a Cándido Conde Pumpido que depure responsabilidades por la presunta vulneración del derecho de defensa. La Asociación de Fiscales salió en defensa de sus colegas e instó al Colegio de Abogados de Madrid a respetar su labor «profesional y ajustada a la legalidad».
Mientras, el Pleno de las Cortes valencianas aprobó poner en marcha una comisión para investigar las cuentas de todos los partidos con el único apoyo del PP, que en cambio rechazó la creación de un organismo antifraude. La oposición votó en contra al considerar que los populares tratan de extender las sospechas de corrupción al resto de grupos, que en el «caso Gürtel» no tienen responsabilidades administrativas.
El popular César Augusto Asencio dijo que el organismo antifraude es una cortina de humo de quienes estuvieron tras el «caso GAL». El PSOE, que presentará el lunes su querella contra el presidente Francisco Camps, tachó de increíble que invoque a los GAL «quien ha negado el Holocausto». El destituido secretario regional Ricardo Costa ha pasado a ocupar el último escaño de la bancada del PP.
En una inusual comparecencia con la plana mayor de los fiscales de delitos económicos, la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, replicó al juez que dejó en libertad sin fianza a Félix Millet y Jordi Montull que la ley «es suficiente» para dictar la prisión preventiva de los imputados en el caso del Palau de la Música por el saqueo de unos diez millones, dado que existe riesgo de fuga.
Compte aseguró que para dictar la prisión preventiva en este caso no es necesario reformar la legislación, tal y como apunta el juez Juli Solaz, porque «la ley deja margen de ponderación» al instructor. La fiscal superior subrayó que la gravedad de los hechos y la pena que conllevan los delitos que se les imputan -hasta nueve años de prisión- constituyen un peligro de que los querellados traten de huir y además hay riesgo de que los imputados destruyan documentos. El juez ve fuera de «la mínima lógica» esos riesgos ya que los imputados confesaron y devolvieron 1,8 millones.
