Bilbao / Madrid / Oviedo
El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer en Bilbao que la próxima semana su partido se personará como acusación particular en el «caso Faisán», en el que se investigó el posible «chivatazo» en mayo de 2006 a un etarra del aparato de extorsión, lo que impidió su detención. «No vamos a aceptar el carpetazo», aunque «estén por medio el Gobierno y Garzón», porque los españoles «tienen derecho a saber la verdad», advirtió Rajoy.
El líder del PP aseguró que no apoyará «la impunidad» que puede suponer el archivo de esta causa, como solicitó el pasado día 6 la fiscalía al juez Baltasar Garzón, al no haberse podido averiguar, tres años después, quién fue el responsable.
Tras el anuncio de Rajoy, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, difundió un comunicado en el que justifica la decisión porque, en un Estado de derecho, rige el imperio de la ley, «que es igual para todos», por lo que si no lo hace el fiscal, «como sería su deber, impulsamos nosotros esta acción para que se llegue hasta el final en la causa».
A su juicio, el PP está legitimado porque la lucha contra el terrorismo «es un interés general de todos los ciudadanos», y su defensa, «uno de los principios del PP». Trillo destacó que el PP se persona también en defensa de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, «muchas de ellas, además, militantes del partido».
Mientras tanto, el jefe del aparato político de ETA, Aitor Elizarán, y su compañera Ohiana Sanvicente fueron enviados en la madrugada de ayer a prisión por orden de la juez Laurence Le Vert, tras ser interrogados en el Tribunal de París.
La juez confirmó los cargos contra los dos miembros de la banda, entre ellos el de «asociación de malhechores con vistas a la preparación de actos terroristas», un delito que en Francia puede conllevar una pena de diez años de cárcel.
El responsable del aparato político de ETA y Sanvicente fueron detenidos en Carnac (Bretaña, noroeste) el pasado lunes, cuando circulaban en un vehículo robado.
Por otro lado, los radicales arrojaron la noche del viernes varios cócteles molotov contra el edificio en el que tienen su sede los sindicatos CC OO y UGT en la localidad alavesa de Llodio, según informaron fuentes del Departamento vasco de Interior.