Barcelona
Los casos de imputación de alcaldes y altos cargos municipales por corrupción urbanística han sido más bien esporádicos en Cataluña en los últimos años y ninguno de ellos ha concluido por ahora en un juicio o en la condena de los presuntos implicados.
Entre los sumarios abiertos por estas prácticas delictivas, destaca el conocido como «Adigsa». En este caso, abierto en 2005 a raíz de una querella presentada por la fiscalía, se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por la empresa pública de vivienda de la Generalitat -Adigsa- en la última etapa de Gobierno de CiU.
Entre los imputados figuran el ex presidente de Adigsa Ferran Falcó, actual presidente del grupo municipal de CiU en Badalona; su ex consejero delegado Josep Antoni Fontdevila, el ex director técnico Jordi Huguet y el ex responsable de compras de la empresa pública Xavier Sala.
En Tarragona está abierto el «caso Terres Cavades», que también se inició en 2005, al ser admitida a trámite la querella presentada por 22 ex propietarios de unos terrenos por considerar que fueron presionados para vender sus parcelas, que luego multiplicaron su valor al ser recalificadas como urbanizables por el anterior equipo de gobierno municipal, encabezado por el ex alcalde Joan Miquel Nadal (CiU).
En la misma provincia, pero en la localidad de Salou, se hizo público en 2006 que la fiscalía investigaba, tras recibir documentación enviada por ERC e ICV, la actuación de Esteve Ferran Gombau, entonces edil de Urbanismo del Ayuntamiento e hijo del alcalde del municipio, Esteve Ferran Ribera, quien vendió en 2004 por más de 500.000 euros una finca del municipio que había adquirido en el año 2000 por 30.000 euros, y que, gracias a un nuevo planeamiento municipal, cambió sus usos, pasando de urbanizable residencial comercial a residencial hotelero.
La detención ayer del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a 18 el número de regidores en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la «operación Malaya», en Marbella, en 2006.
Mientras, aunque nada tiene que ver con lo sucedido en Santa Coloma, la Generalitat anunció ayer su decisión de revisar «exhaustivamente» las cuentas del Palau de la Música y del Orfeó Català entre 2002 y 2007, tras destaparse el «caso Millet», pese a que las auditorías realizadas en esos años no arrojaron «responsabilidades penales, contables o administrativas».
