El alcalde socialista de Santa Coloma y dos ex altos cargos de Pujol, detenidos por corrupción

Barcelona / Madrid

El alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra y el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta son tres de los ocho detenidos ayer por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción desarrollada ayer en Barcelona por orden del juez Baltasar Garzón.

También han sido arrestados el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de este feudo socialista, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García (quien ya estuvo acusado de estafa en los años noventa). A éstos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.

A los ocho se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La operación no está cerrada, y no se descartan más arrestos. Desde primera hora de la mañana agentes de la Guardia Civil registraron ayer la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma en busca de expedientes y documentación de la secretaría general, los Servicios Jurídicos y el departamento de Informática.

Las pesquisas policiales se extendieron a Badalona y a San Andreu de Llavaneres. En el primer ayuntamiento los agentes pidieron al regidor socialista documentos sobre un solar, y en el segundo reclamaron al alcalde de CiU el convenio urbanístico de 2006. En Santa Coloma los agentes inspeccionaron la sede de la empresa municipal de promoción inmobiliaria Gramepark, S. A., y de la empresa municipal de promoción empresarial Grameimpuls, S. A., en busca de documentación que las relacione con esta trama de corrupción. La Guardia Civil investiga si la red operaba a través Gramepark, presidida por uno de los detenidos, el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco. Se intenta averiguar si esta empresa municipal, creada hace veinte años como constructora de aparcamientos, fue utilizada por la trama corrupta, que supuestamente operaba mediante la adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción.

Esta operación deriva de una investigación abierta en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un supuesto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey. En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos, el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos por orden de Garzón.

Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un «manual de productos fiduciarios» y una «cuenta corresponsal».

Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos, Petrus, que -según la investigación- cooperaron supuestamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo «optimizar fiscalmente» los ahorros de sus clientes.

La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía, a su vez, del sumario sobre la gestión económica de la Expo-92 y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.

El PSC pidió al alcalde de Santa Coloma y al concejal de Urbanismo que renuncien a sus cargos, y anunció que serán expulsados si son imputados por corrupción. El vicepresidente Chaves pidió al partido que clarifique lo sucedido y tome medidas. Antoni Fogue, marido de la anterior alcaldesa, Manuela de Madre, será quien sustituya a Bertomeu Muñoz. CiU alegó que Prenafeta y Saavedra no están en su cúpula y reclamó respeto a la presunción de inocencia. El PP también le exigió explicaciones y criticó el trato desigual en las detenciones.