Barcelona / Oviedo
Los ocho detenidos en Cataluña en la operación contra la corrupción urbanística declararon ayer ante la Guardia Civil, a la espera de comparecer mañana ante el juez Baltasar Garzón, quien ordenó la detención en Madrid de un noveno implicado: Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, una empresa de servicios de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramanet.
La «operación Pretoria» ha puesto al descubierto en Cataluña una trama de corrupción urbanística transversal que afecta al menos a tres políticos socialistas y a dos ex pesos pesados de CiU, a la sazón, lugartenientes de Jordi Pujol. El alcalde de Santa Coloma y a la vez vicepresidente de la Diputación, Bartomeu Muñoz, recalificaba los terrenos. El ex diputado del PSC Luis García ejercía de «conseguidor de contratos». Era el hombre clave en los contactos para poner en marcha unas recalificaciones con enormes plusvalías.
A los convergentes Lluís Prenafeta (ex secretario de la Presidencia) y Maciá Alavedra (ex consejero de la Generalitat) se les atribuye el papel de mediadores en las adjudicaciones, con las que se embolsaron beneficios urbanísticos tan cuantiosos como ilícitos al calor de las recalificaciones de terrenos dedicados a nuevas construcciones en Santa Coloma.
Todos han sido detenidos por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, junto al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco (socialista procedente de UGT), y el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Pascual Vela. Entre los arrestados figuran los constructores Josep Singla, presidente de Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente de Espais. Las ganancias de la trama superan los 20 millones y se teme se que pueden alcanzar los 30.
Ahora se ha conocido que la Sindicatura de Cuentas halló en 2003 irregularidades en la gestión del alcalde socialista de Santa Coloma, como en la adjudicación de obras, aunque ningún grupo del Parlamento catalán quiso analizar el informe cuando se recibió en 2007.
En el estudio la Sindicatura analizaba minuciosamente tres áreas de gestión del Consistorio en las que detectaron irregularidades en el impuesto sobre las plusvalías de terrenos urbanos, la gestión de personal y las inversiones reales y su financiación. La auditoría desvela, en el apartado de inversiones y financiación, que había dos obras, presupuestadas en 496.003 euros en total, que fueron realizadas sin formalizar el preceptivo expediente administrativo, lo que el informe ya advertía que podría derivar en responsabilidades administrativas.
También había otros dos expedientes en los que la propuesta a la comisión de gobierno para que aprobara la adjudicación a un contratista era anterior a la de la mesa de contratación. La Sindicatura también detectó tres expedientes de obras en los que en primer lugar se presentaron las ofertas de los adjudicatarios y posteriormente se aprobaron el proyecto y el pliego de condiciones.
Parte de la investigación de Garzón se centra en operaciones urbanísticas como la de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), en la que el ex diputado Luis García ganó dos millones en dos años gracias a una recalificación de unos terrenos.
El presidente, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, han evitado enfrentarse en el Parlament por esta trama, mientras que PP y Ciutadans han reclamado una comisión de investigación. La «operación Pretoria» ha provocado una gran conmoción política y social en Cataluña, que aún permanecía bajo el impacto del escándalo del «caso Palau», lo que ha llevado a Montilla a pedir confianza en las instituciones públicas y en sus gestores ante la «alarma social» y la «irritación» de la ciudadanía. Ante la exigencia de expulsiones, CiU ha dado largas y ha criticado al juez, y desde el PSC se dice que el alcalde Muñoz es una buena persona.
