Madrid / Oviedo
La «operación Pretoria», en la que han sido detenidas importantes personalidades de la política y el mundo empresarial catalán, ha desvelado la existencia de un grupo organizado que habría tejido «una compleja red» de tráfico de influencias «para controlar» proyectos urbanísticos en su beneficio.
La red defraudó 44.754.000 euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. El juez Garzón ha detectado ramificaciones en Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal, Madeira e Islas Caimán, donde se procedía al blanqueo del dinero.
Según el juez, Luis García es el nexo de unión y uno de los máximos responsables de la trama, erigiéndose en «consejero de facto o en la sombra» del alcalde de Santa Coloma. García, que también controlaba las acciones del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, habría obtenido un beneficio de 8.026.000 euros.
El ex alto cargo con Pujol Lluís Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros, la misma cantidad que el ex consejero de Economía Macià Alavedra, quien, según el auto judicial, sólo entre mayo y junio de este año podría haber blanqueado 300.000 euros.
Mientras, ayer se ha sabido que la empresa municipal de promoción inmobiliaria de Santa Coloma Gramepark, situada en el epicentro de la trama, está al borde de la quiebra técnica, con un agujero de 85 millones de euros.
