Barcelona / Oviedo
La Audiencia Nacional va a investigar el trato que recibieron los detenidos en Cataluña en la «operación Pretoria» al entrar en este tribunal esposados y con sus pertenencias en bolsas de plástico para ser puestos a disposición del juez el pasado viernes. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para aclarar lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que los detenidos fueron expuestos ante los medios de comunicación a las puertas del tribunal, según un comunicado difundido anoche por esta institución.
Mientras, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por José Montilla, ha desplegado sus antenas y está investigando la posible vinculación entre su Instituto Catalán del Suelo (Incasol) y los cinco encarcelados el pasado viernes por el juez Garzón en el marco de la «operación Pretoria».
La operación del magistrado de la Audiencia Nacional ha desarticulado una trama de corrupción urbanística con ramificaciones en varios ayuntamientos catalanes pero centrada en el barcelonés de Santa Coloma de Gramanet.
En la trama aparecen envueltos dos ex altos cargos de CiU -Macià Alavedra, ex conseller de Economía con Jordi Pujol, y Lluis Prenafeta, secretario general de la Presidencia con el ya jubilado líder nacionalista- y otros tres del PSC: el ex diputado Luis García, el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y su concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Los cinco han sido suspendidos por sus respectivos partidos.
El gerente de Incasol, Emili Mas, aparece citado en el auto de Garzón por participar en reuniones con Muñoz y García, que derivaron en facturas falsas para desviar 1,3 millones de fondos de la UE.
En concreto, Garzón sitúa al gerente de Incasol en una serie de conversaciones con García, Muñoz y Dobarco, en las que también aparece el director de Servicios Municipales, Pascual Vela, detenido en la operación y que eludirá la cárcel si paga una fianza de 25.000 euros.
El juez subraya que, según se desprende de los contactos entre Luis García, el alcalde, sus colaboradores y el gerente del Incasol, el Consistorio de Santa Coloma modificó el destino de los fondos de cohesión de la UE o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con expropiaciones.
La «operación Pretoria» es sólo la última de una serie de intervenciones judiciales que han destapado en las últimas semanas casos de corrupción en medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios. La comunidad con más imputados es Andalucía, ya que la investigación que destapó la trama de corrupción de Marbella se saldó con 103 procesados.
