Madrid / Oviedo
El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, acusó ayer al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el responsable de que la española sea «una sociedad vigilada», ya que Interior emplea un sistema de interceptación de comunicaciones que cuestiona el derecho a la intimidad.
«No existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno para limitar» el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, denunció Pons, quien añadió que ello se debe al empleo de SITEL, que permite que la Policía no sólo sepa la identidad del titular del teléfono interceptado, sino su ubicación geográfica, el nombre de las personas con las que habla, el tráfico de llamadas, de mensajes y el correo electrónico.
Esta información que almacena Interior «no tiene cobertura legal» y carece de autorización judicial, aseguró González Pons, quien tachó el sistema de «inconstitucional e ilegal». Rubalcaba respondió que SITEL fue contratado por el Gobierno de Aznar en 2001, concretamente por el entonces vicepresidente y titular de Interior, Mariano Rajoy, y puesto en marcha en 2003 por Ángel Acebes y la entonces subsecretaria de Interior, Dolores de Cospedal. «Lo que más me preocupa es que para intentar librar a sus compañeros o conmilitones en el "caso Gürtel", el PP cuestione un sistema en el que están las investigaciones autorizadas judicialmente de todo el terrorismo y de todo el narcotráfico», dijo Rubalcaba, quien repartió copias de los contratos firmados por Rajoy y De Cospedal. Se trata de un sistema «mucho más garantista» que el anterior y en España «no hay ninguna intervención telefónica que no esté autorizada por los jueces, con SITEL o sin SITEL, antes o ahora», añadió.
González Pons tachó de mentiroso a Rubalcaba, al que respondió que el Gobierno de Aznar no usó dicho sistema. En este sentido, le preguntó si cuando llegó a su despacho no se encontró unos informes que había pedido el PP tanto al Consejo del Poder Judicial como a los ministerios de Defensa y de Justicia que desaconsejaron el uso del SITEL «porque era ilegal».
El Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones es una potente herramienta informática que fue regulada en un reglamento de Industria de 2005 y después en la ley general de Telecomunicaciones de 2007 y cuyo funcionamiento ha estado sometido a constantes denuncias.
La Asociación de Internautas sostiene que el sistema no cuenta con una regulación clara ni con las garantías que requiere un derecho fundamental como es en este caso el secreto de las comunicaciones. Por eso recurrió ante el Tribunal Supremo y después llevó el asunto hasta el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea, asegurando que durante el Gobierno del PP tanto los ministerios de Defensa y de Justicia como el Consejo del Poder Judicial emitieron informes poniendo en duda la cobertura legal de SITEL. El TS rechazó el recurso de esta asociación en 2008 y consideró que la ley de Telecomunicaciones era un marco adecuado para regular los pinchazos.
