Barcelona / Oviedo
La auditoría realizada por Deloitt en el Palau de la Música Catalana eleva a 31,2 millones el montante de los fondos saqueados por el ex presidente de la entidad, Fèlix Millet, y el ex director financiero, Jordi Montull, en los últimos diez años.
El informe contable ha detectado desviaciones de 2,7 millones y que de 2005 a 2009 el equipo directivo de Millet cobró 8 millones en bonos y dedicó otros 2,5 millones a obras en las viviendas de Millet y de Montull. La auditoría cifra en 12,8 millones el dinero retirado en efectivo de la institución. Ademas, la ex directora general Rosa Garicano había dado el visto bueno a que los gastos de las bodas de las hijas de Millet las pagara el Palau.
El Palau prevé enviar la semana próxima al juez Soli Solaz, encargado de investigar el caso, la auditoría y un informe pericial recogerá las supuestas irregularidades, aunque faltará el análisis de algunos documentos confiscados, todavía guardados en cajas, y el contenido de diversos ordenadores. En nombre de CiU, Felip Puig dijo que la Fundación Trias Fargas no devolverá los 600.000 euros que Millet le dio, aunque los convergentes están dispuestos a hablar con el Palau.
Puig reprochó, por otra parte, al presidente catalán, José Montilla, que su esposa (Ana Hernández) acumule «una quincena de cargos públicos» en distintos organismos e instituciones, y que él acepte esta situación. «No me imagino a Marta Ferrusola (esposa del anterior presidente de la Generalitat y líder de CiU, Jordi Pujol) ocupando los cargos de consejera del túnel del Cadí, de la Caixa y del Consell Comarcal del Baix Llobregat, y siendo primer teniente de alcalde, además de acumular la presidencia de dos empresas municipales de promoción económica en materia de urbanismo y vivienda», dijo Puig, que añadió que Convergencia ya tenía constancia desde hace tiempo de «la hiperactividad de Ana Hernández».
Por otra parte, los dos ex altos cargos de CiU Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, encarcelados por el cobro de al menos 60.000 euros como mediadores en dos operaciones de la trama de corrupción de Cataluña, adjuntarán a su recurso copias de facturas para demostrar que las comisiones que se llevaron eran legales.
El PSC reconoció entre tanto que la partida de 400.000 euros de los Presupuestos del Estado destinada para la biblioteca de Santa Coloma está en cuarentena hasta que resuelvan las dudas sobre la empresa adjudicataria. Para combatir la corrupción, en la futura Ley de Bases de Régimen Local incluirá una regulación de las incompatibilidades y de las declaraciones de bienes de los miembros de las corporaciones locales, al tiempo que reforzará el papel de los grupos minoritarios para controlar la firma de contratos.
