Madrid / Oviedo
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, advirtió ayer al PP de que si alguien duda de la constitucionalidad del uso del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL), que lo denuncie al Tribunal Constitucional. No obstante, puntualizó que ni él ni el órgano al que pertenece «avalan ni valoran la constitucionalidad de este sistema».
De Rosa aseguró desconocer este sistema, así como los requisitos legales para su funcionamiento, pero ha recordado que «hasta ahora» las intervenciones telefónicas en España se han efectuado «por autorización judicial». El CGPJ emitió un informe en 2004 sobre SITEL en el que exigió que fuera la autoridad judicial la que controlara las interceptaciones, así como que no hubiera una indefinición en cuanto a quién tenía que hacerlo.
El dirigente del PP Esteban González Pons acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser el responsable de que la española sea «una sociedad vigilada» por emplear este sistema de escuchas telefónicas, que, por otro lado, fue contratado por el Gobierno del PP.
«Que yo sepa, hasta ahora las intervenciones telefónicas que se efectúan en España son por autorización judicial. El juez pondera y valora la proporcionalidad de la medida y concede o no la misma», dijo De Rosa. En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo. También lo hicieron las asociaciones de jueces y fiscales, que subrayaron que las escuchas requieren autorización judicial.
Los dos sindicatos policiales mayoritarios, el SUP y la CEP, coincidieron en defender la legalidad del sistema de grabación de comunicaciones SITEL. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, exigió a los populares que pidan perdón, porque el sistema lo compró Mariano Rajoy. El PP reconoció este extremo, pero puntualizó que su Gobierno no lo usó porque no dio tiempo a aprobar la ley correspondiente.
El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, advirtió en 2006 al fiscal general de que la normativa era insuficiente para proteger los derechos ciudadanos frente a sistemas de interceptación de comunicaciones como SITEL. Señalaba que su uso suponía un ataque frontal a los artículos 18 y 24 de la Constitución y un abandono del Estado de derecho, y proponía que se regularan estas cuestiones mediante ley orgánica. Sin embargo, dos años y medio después, el citado fiscal no ha recibido respuesta. Un magistrado del Supremo, Óscar González, censuró en enero de 2008 el reglamento que da cobertura a estas escuchas y que aprobó el PSOE en 2005.
