Madrid
Oviedo, L. Á. VEGA
Los tres tripulantes del «Alakrana» que el jueves fueron desembarcados a la fuerza por los piratas somalíes bajo amenazas de muerte fueron devueltos ayer al pesquero, donde se encuentran en buen estado. El Gobierno no explicó por qué los secuestradores han tomado esta decisión. Añadió que este hecho no debe llevar a pensar que están en la recta final de un cautiverio del que hoy se cumplen 37 días.
El Gobierno reafirmó que no va a «cerrar ninguna puerta» para la liberación del atunero secuestrado hace 37 días, aunque rechazó la liberación de los dos piratas apresados, tal como exigieron ayer las familias de los pescadores en una comparecencia pública en la que, además, pidieron que se descarte una operación militar.
El titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró que el primer ministro somalí fue el encargado de comunicar al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, la noticia sobre la vuelta al barco de los tres tripulantes que habían sido trasladados a tierra como medida de presión de los piratas en las negociaciones para la liberación del «Alakrana».
Moratinos dijo que los tres «están bien» y que su vuelta al barco da mayor tranquilidad para tener esperanzas en la resolución del secuestro, aunque «sería irresponsable dar una fecha para decir que estamos en la recta final». Añadió que el Gobierno está haciendo lo máximo para encontrar una salida para «resolver esta situación trágica para las familias». El Ministro reconoció que el servicio secreto está al tanto de todos los movimientos y que la consigna en esta crisis es resolver la situación de los rehenes salvaguardando sus vidas.
En cuanto a la liberación de los dos piratas detenidos, Moratinos dijo que «el Gobierno no comenta las decisiones por vía judicial, que corresponden a los jueces». La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró que la estrategia es «seguir trabajando con el único objetivo de que los tripulantes vuelvan sanos y salvos a casa cuanto antes».
Tras subrayar que la situación se encuentra en «un momento complicado», ha pedido a «todos» trabajar con «responsabilidad», «en la misma dirección» y con «lealtad» por la liberación del pesquero, cuyos tripulantes se encuentran en buen estado. De la Vega acusó al PP de mantener un comportamiento «penoso» y «lamentable».
Sobre la petición de los secuestradores, que exigen la entrega de los dos piratas detenidos en España, la Vicepresidenta dijo que esa posibilidad se sitúa en el ámbito judicial. El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, añadió que «se pueden discutir hasta el extremo temas de jurisdicción», pero que la situación de los piratas «no es negociable».
El PP, por medio de su responsable de organización, Ana Mato, expresó ayer su apoyo «al cien por ciento» al Gobierno para que solucione lo antes posible el secuestro.
Los familiares de los tripulantes vascos del «Alakrana» exigieron a las «instituciones competentes» que liberen «inmediatamente» a los dos piratas somalíes detenidos en España, porque de lo contrario «están poniendo en riesgo la vida de nuestros familiares». En un comunicado leído ante los medios, las familias aseguraron que «desde el principio consideramos que la detención de piratas iba a complicar el rescate», lo que «ahora se ha demostrado».
Además, han querido expresar públicamente su «desesperación e impotencia» tras las llamadas del jueves en las que los marinos pedían ayuda «con un tono de voz que delataba angustia por sus vidas». «Sólo quedan dos días», han asegurado, en referencia a las amenazas lanzadas por los piratas; «que el Gobierno se ponga a trabajar».
La misma petición ha sido asimismo hecha por los alcaldes de los cinco municipios vizcaínos en los que residen tripulantes del buque. También la empresa Echebastar Fleet SLU, armadora del «Alakrana».
Los juristas asturianos consultados consideran poco factible la excarcelación de los dos piratas somalíes detenidos por la fragata «Canarias» el pasado 2 de octubre y cuya liberación exigen a toda costa los captores del pesquero «Alakrana», bajo amenaza de matar a los marineros. Javier Gustavo Fernández Teruelo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, y magistrado suplente de la Audiencia Provincial, considera que, en este caso, no cabe aplicar el acuerdo firmado en enero de este año dentro de la operación «Atalanta» de la UE, y que permite la entrega de los piratas somalíes capturados a Kenia.
«El problema es que el acuerdo está en proceso de ratificación definitiva en España. Ya ha sido aprobado por el Congreso, el día 29, y ahora debe pasar al Senado. Acelerar el proceso puede ser percibido como que el Estado español cede ante el chantaje de unos delincuentes», indicó. Además, señala Fernández Teruelo, la extradición ha sido rechazada tanto por el fiscal como por el abogado del Estado, pero tampoco la defensa de los piratas la ha pedido.
Pero es que existe otra dificultad. «El acuerdo de la UE sólo se refiere a piratas que hayan sido capturados por buques que participen en la "operación Atalanta", y eso exige unos requisitos. En primer lugar, los barcos deben ir con bandera de la UE. Luego, la detención debe ser comunicada a Somalia. Y, además, debe realizarse en aguas determinadas. La fragata "Canarias", que capturó a los piratas, llevaba bandera nacional, no de la UE, y no estaba en la zona acotada para la "operación Atalanta"», señaló Fernández Teruelo.
En estas circunstancias, para extraditar a los piratas «habría que forzar varias interpretaciones en el límite de lo permitido». Para Fernández Teruelo, «esas interpretaciones las tienen que hacer los jueces, que tienen unos límites más estrechos y tasados que los políticos». Y, además, «la cesión a Kenia es potestativa, los jueces no tienen obligación de hacerla».
Más dificultades. La Audiencia Nacional ya se ha declarado competente en este caso. Para ceder a los piratas tendría que volverse atrás. «Los jueces se guían por criterios más estrictos y actúan al margen de cualquier presión», finalizó.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Benito Aláez indicó, por su parte, que «se está barajando la aplicación de unos acuerdos de la UE que permitirían trasladar a los piratas, pero en cualquier caso esta decisión corresponde al tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, cuyo informe es vinculante».
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