El PSOE acusa al Gobierno de Camps de adjudicar mil millones a cinco empresas que pagaron al PP

Valencia / Oviedo

El PSPV-PSOE presentó ayer en el Tribunal Superior de Valencia una querella por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra el presidente del Gobierno regional Francisco Camps.

La querella va también contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; miembros del Ejecutivo autonómico como el vicepresidente Vicente Rambla; dirigentes de la «trama Gürtel» como Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como Facsa, Enrique Ortiz, Sedesa y Lubasa, además del grupo PIAF, que tenía contratos públicos con la Generalitat y contribuía a «sufragar la financiación ilegal de los servicios de Orange Market al PP de la Comunitat Valenciana», según los socialistas.

Según la querella, Ricardo Costa canalizaba los pagos en «B» a la «trama Gürtel»; el vicepresidente, Vicente Rambla, controlaba las adjudicaciones a estas empresas, y Camps era «el último responsable». El PSOE dice que el Gobierno valenciano ha adjudicado 1.036.562.057 euros en contratos a cinco constructoras que supuestamente sufragaron actos del PPCV, «en compensación a los favores realizados». El grupo Sedesa, cuyo presidente es sobrino del vicepresidente, Juan Cotino, fue el que más contratos tuvo, por un importe de 539.016.098 euros, según la querella, basada en dos informes policiales. A Sedesa le sigue la empresa Enrique Ortiz e Hijos, contratista de Obras, S. A., que recibió adjudicaciones por 205.249.738 euros. Una cifra similar obtuvo el grupo Piaf, S. L. El grupo Lubasa recibió 77.337.451 euros, y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S. A. (Facsa), 13.876.078 euros.