El Gobierno explora todas las vías jurídicas para conseguir la liberación de la tripulación

Madrid / Oviedo
El Gobierno ha intensificado las gestiones y las «consultas internas» para salvar el escollo que para la resolución del secuestro del atunero «Alakrana» supone la presencia en España de dos de los piratas, cuyo nuevo abogado defensor, ahora de pago, propuso ayer que se les aplique la ley de Extranjería y se les expulse a Somalia. El ministro Miguel Ángel Moratinos aseguró que se están «explorando todas las vías jurídicas» para acelerar al máximo la liberación de los rehenes, que hoy cumplen 41 días de cautiverio en la costa de Somalia.

Los familiares de los marineros fueron informados de la situación procesal de los dos detenidos y de las gestiones para liberar a los 36 tripulantes del atunero en sendas reuniones con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y con el del Gobierno. Durante más de dos horas, Zapatero les explicó que se trabaja intensamente y les detalló lo que están haciendo las autoridades.

Tras decirles que comprende su inquietud y angustia, los familiares, entre ellos Cristina Blach, declinaron hacer declaraciones ante lo delicado de la situación. Ese mutismo, que contrasta con la actitud que mantenían hasta ahora, unido a los llamamientos a la discreción y la prudencia hechos el lunes por Zapatero y ayer por otros miembros del Gobierno, puede ser interpretado como una señal de que se está ultimando la salida jurídica que permita satisfacer la demanda de los piratas de que España devuelva a sus dos compañeros.

La solución podría ser la apuntada por el abogado de pago del pirata Abdu Willy, Francisco Javier Díaz Aparicio, quien pidió que se aplique el artículo 57.7 de la ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión- y el juez acuerde la expulsión de su representado y del compañero de éste en 72 horas.

Consciente de que los delitos de los que se acusa a los dos piratas -asociación ilícita, detención ilegal y uso de armas- llevan aparejadas penas muy superiores, el letrado, que se ha negado a decir quién le paga, sugirió que sean considerados cómplices y no autores de los mismos, lo que supondría un castigo más leve.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia ven poco factible esta salida, especialmente si no recibe el apoyo de la fiscalía, que ayer evitaba comprometerse con Díaz Aparicio, quien llegó a decir que el fiscal de la Audiencia «no tiene capacidad de decisión y espera las instrucciones de la Fiscalía General, que depende del Ministerio de Justicia».

Moratinos afirmó, sin embargo, que el Gobierno apunta la vía y la Audiencia decidirá. Sea o no ésta la solución en la que se trabaja, el ministro de Exteriores se vio obligado a negar que el Ejecutivo haya encargado a Díaz Aparicio la defensa de Abdu Willy en sustitución del abogado de oficio que le representaba hasta ahora. El letrado, por su parte, se negó a responder a los informadores que le preguntaron quién le paga.

Mientras, el juez Santiago Pedraz ordenaba ayer hacer un volcado de las llamadas desde los móviles incautados a los dos piratas detenidos, para tratar de obtener pruebas de su participación en el secuestro.

Tras la reunión de la comisión de coordinación de seguimiento sobre el secuestro, Moratinos dijo que el Gobierno somalí se ha comprometido «a redoblar» sus esfuerzos para lograr la liberación de la tripulación del atunero, de la que dijo que se encuentra «bien».

La titular de Defensa, Carme Chacón, afirmó que el Gobierno y cientos de funcionarios civiles y militares están redoblando esfuerzos «dentro del margen» de las leyes para conseguir «cuanto antes» la liberación del «Alakrana». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidió «no tratar de ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado van a aplicar las leyes», en referencia a la salida jurídica que la Audiencia Nacional vaya a dar al caso.

El PP e IU expresaron su apoyo a las gestiones del Gobierno, aunque la popular Soraya Sáenz de Santamaría aclaró que ese respaldo hace que el Ejecutivo tenga un plus de responsabilidad. Íñigo Urkullu, del PNV, se hace «cruces» sobre «la falta de previsión del Gobierno y expresó su «preocupación».