Madrid / Oviedo
El Congreso pidió ayer al Gobierno que el consumo de alcohol o de drogas se considere a partir de ahora una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los casos de violencia de género, al igual que ocurre contra la seguridad vial. Además se pretende que la condena por un delito de maltrato conlleve la pérdida de la custodia de los hijos menores y del régimen de visitas.
Así se recoge en el informe de conclusiones de la subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que fue aprobado con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque los populares y los nacionalistas catalanes presentarán un voto particular en el que solicitar nuevas medidas.
La petición de reformar el Código Penal para que el consumo de alcohol y drogas deje de ser una atenuante en los casos de maltrato ha sido defendida por el PP. En cuanto a los hijos menores, la subcomisión defiende que la orden de protección sea extensiva a ellos; se opone a la mediación familiar cuando hay maltrato y aboga por la asistencia psicológica a los niños.
Los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad.
En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP) ni la aplicación de su terapia por parte de los tribunales de justicia ni de los organismos públicos. El PSOE ha retirado su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre porque «los servicios jurídicos así lo aconsejaban».
El Congreso denuncia que la «cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos (informativos, de entretenimiento, de opinión, publicitarios) que legitiman la violencia de género». Por ello, reclamará a los medios que se apliquen sus códigos de autorregulación.
Según el texto, es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años. Además se solicita que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales y fuerzas de seguridad. El informe reclama aumentar los agentes destinados a las unidades especializadas.
El PP y CiU consideran que se deben separar los asuntos civiles de los penales de los juzgados especializados para evitar «colapsos». También quiere que el sistema de valoración del riesgo de las víctimas «sea realizado por un equipo multidisciplinar y no por una máquina».
