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El alcalde de Santa Coloma firma en prisión la renuncia que permitirá su relevo

El comité de derechos del PP ya tiene la documentación del patrimonio de Costa

 
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Ricardo Costa.
Ricardo Costa. efe

Barcelona / Madrid

El alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y el ex edil de Urbanismo Manuel Dobarco, encarcelados por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, firmaron ayer su renuncia al acta de concejales, lo que facilita su relevo en el Consistorio.

Los documentos firmados por Muñoz y Dobarco ya han sido enviados al Ayuntamiento de Santa Coloma, que, una vez que los tenga en su poder, podrá iniciar el proceso para convocar el Pleno municipal extraordinario en el que se debe elegir el nuevo regidor.

El relevo del Alcalde estaba hasta ahora bloqueado porque Muñoz no había presentado aún formalmente su renuncia al cargo, pese a que desde prisión, y a través de su abogado, había anunciado su dimisión al frente del Consistorio, así como de la vicepresidencia primera de la Diputación de Barcelona y de los cargos que tenía en el PSC y en el PSOE.

Mientras, un instructor designado por el comité de derechos y garantías del PP estudia ya el caso del ex dirigente valenciano Ricardo Costa, quien ha remitido al órgano disciplinario de la formación documentación en la que detalla su patrimonio.

Fuentes del PP confirmaron que el proceso sigue su curso tras la apertura del expediente al ex secretario general del PP valenciano, suspendido cautelarmente de militancia por su «actitud».

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, aseguró el martes que su amistad con el presidente de la comunidad, Francisco Camps, es sólo «institucional» y que, como mucho, «sólo ha estado dos veces en su despacho».

La empresa Sedesa emprenderá acciones legales contra los firmantes de la querella que el PSPV-PSOE ha presentado contra Camps por los delitos de cohecho y financiación irregular, entre otros.

Finalmente, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se pronunció sobre la «alarma social» que ha suscitado la exhibición pública de varios detenidos de la «operación Pretoria» ante los medios de comunicación y pidió que ese «mismo rechazo» se produzca también cuando «un presunto violador o un presunto asesino» se exponga públicamente y esposado.

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