El Gobierno quiere que los piratas sean juzgados en la Audiencia y que cumplan la condena en Somalia

Oviedo / Madrid, F. G. / Agencias

La ministra de Defensa, Carme Chacón, reconoció ayer que «una de las opciones» que estudia el Gobierno para poner fin al secuestro del atunero «Alakrana» es que la Audiencia Nacional juzgue a los dos piratas detenidos y que cumplan condena en Somalia. Se «han redoblado los esfuerzos en todo los frentes, también los jurídicos» con objeto de traer a casa a los 36 tripulantes, dijo.

El Ejecutivo trata ahora de extraditar a los dos piratas, que, tras su detención, en aguas del océano Índico, se empeñó en traer a España. Cuando se presentó la denuncia del secuestro del «Alakrana» sólo el Gobierno sabía de la captura horas antes de dos de los piratas. Ni la abogacía del Estado ni el instructor, Baltasar Garzón, estaban al tanto y por eso no se mencionan ni en esa denuncia ni en el auto judicial.

La secuencia fue así: a las 7.52 horas del 2 de octubre es secuestrado el «Alakrana» en aguas internacionales del Índico. A las 21 horas del día 3 la fragata «Canarias» detiene a dos de los piratas e informa a Defensa. A las 2. 20 horas del día 4 el Gobierno presenta la denuncia en la Audiencia, y una hora más tarde el juez incoa diligencias.

Tras ocultar la información que tenía de la noche anterior, el Gobierno activó el procedimiento para forzar al fiscal a pedir a jurisdicción española en el caso, la prisión provisional para los dos piratas y su traslado a Madrid. Ahora, ante el riesgo que estas detenciones suponen para la vida de los 36 secuestrados y la exigencia de los piratas de que sean liberados su compinches, el Ejecutivo aboga por un juicio rápido y que sean extraditados a su país, Somalia, para cumplir allí la pena, que puede ser muy elevada debido a los cargos.

El nuevo abogado de pago de los dos detenidos, Francisco Javier Díaz Aparicio, plantea pactar con la fiscalía un juicio de conformidad en el que los procesados se declararían culpables a cambio de una pena de menos de seis años. Se aplicaría la ley de extranjería y se decretaría su expulsión en 72 horas a Somalia, un Estado fallido, donde no hay garantías de que vayan a cumplir la condena. Díaz Aparicio es un bloguero próximo al PP, con problemas económicos, y que habría recibido el encargo de algún bufete de los que en Londres trabajan para la piratería.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso, no tiene previsto rebajar la imputación de los dos piratas de autores a cómplices, y se plantea llamar a declarar a los militares que los apresaron para que los identifiquen y al armador del «Alakrana», para que se persone en la causa.

La ministra de Defensa pidió a la comunidad internacional que deje de mirar para otro lado cuando los piratas tienen representación legal en «bufetes de lo más sofisticado de Londres». «Hay que seguir el rastro del dinero de los pagos por los rescates, como se hizo con ETA», para llegar a los autores de los secuestros.

El Gobierno propondrá el lunes a la UE el bloqueo de los tres puertos somalíes de donde parten los piratas. Los primeros 52 agentes privados encargados de dar protección a 13 atuneros en el Índico entrarán en acción mañana, viernes. Cada barco llevará a bordo cuatro agentes con armas de guerra.