A ello se suma que los posibles acuerdos que podría negociar el Ministerio de Asuntos Exteriores serían para extraditar (entregar y juzgar) o para trasladar personas condenadas (entregar y encarcelar), lo que no parece que satisfaga las exigencias de los piratas, advierte el profesor.
El abogado penalista Juan Carlos Fernández, que defiende los intereses de José Pérez Díaz, «Pepe, el del Popular», estima la solución de expulsar a los piratas como «la salida más razonable», puesto que se trata de una fórmula con la que se puede alcanzar una conformidad con el fiscal. Además, «es una solución para agilizar el proceso, algo que conviene a todas las partes», subraya Fernández. El letrado tiene claro que «un convenio de cesión de los dos piratas a Somalia es un insulto a la inteligencia», dado que «estamos hablando de un país sin Estado».
En la misma línea se muestra Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. «Somalia es un Estado fallido, no funcionan los poderes clásicos del Estado. Hay unos interlocutores, que son el Gobierno de Somalia, pero la situación es de descomposición», indicó. La catedrática añadió que «un acuerdo de extradición con Somalia lleva su tiempo, requiere sus trámites, porque hay que pasarlo a las Cortes».
Sobre la posibilidad de considerar a los piratas como «cómplices» para poder expulsarlos conforme a la ley de Extranjería, Paz Andrés prefirió no pronunciarse, al tratarse de una cuestión de derecho penal. «En cualquier caso, se trata de una decisión judicial que debe tomarse conforme a criterios judiciales, que no se pueden saltar ni por criterios políticos ni humanitarios», opinó.
Para Fernando Gómez de Liaño, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo, la ley es clara. «No se concederá la extradición de españoles ni extranjeros por delitos que corresponde conocer a los tribunales españoles», indicó. Las precisiones que hace dicho precepto tampoco la facilitan. Por ello, «la clave estaría en si los hechos son o no competencia de un tribunal español, pero ya hemos visto que sí», añadió. Sin embargo, «ya estamos acostumbrados a comprobar cómo "razones de Estado" fuerzan la interpretación de las leyes en el sentido favorable del Gobierno de turno». Para el profesor, «el error estuvo en traerlos a España, y ahora no sabemos cómo deshacerlo».
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