Estrasburgo rechaza el recurso de Batasuna y avala su ilegalización

Madrid

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), avaló ayer definitivamente la ilegalización de HB-EH-Batasuna decidida por la justicia española en 2003 al rechazar la petición de la formación aberzale de que el caso volviera a ser examinado.

En una resolución notificada ayer, el TEDH comunica a Batasuna que ha decidido «no aceptar» su demanda de que la sentencia que este tribunal dictó el pasado 30 de junio, que consideró «proporcionada» la disolución e ilegalización de la formación aberzale, pase a la llamada Gran Sala, que estudia los casos más importantes y revisa las sentencias de las otras salas que son recurridas.

Esta decisión, adoptada por un colegio de cinco jueces, cierra la última vía que tenía Batasuna para que los tribunales se pronunciaran contra su ilegalización. De hecho, el TEDH afirma en su resolución que la sentencia del pasado junio es firme con efectos desde el pasado día 6, en el que se reunió el colegio.

Tras conocer la resolución, el Ministerio del Interior consideró que la decisión del TEDH ratifica que el proceso de disolución de Batasuna se llevó a cabo respetando todos los derechos fundamentales.

Mientras, el PP recibió como «una buena noticia» que se haya avalado definitivamente la ilegalización, según aseguró la portavoz de este grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde el PP del País Vasco, su presidente, Antonio Basagoiti, destacó que los argumentos utilizados por el TEDH «deberían estudiarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades del País Vasco».

Los socialistas vascos, a través de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, consideraron que la resolución «echa por tierra la estrategia de algunos dirigentes del PNV que insisten en la falta de legitimidad del Gobierno vasco amparándose en que la ley de Partidos es una ley antidemocrática».

Por su parte, el PNV manifestó su «respeto» por la resolución; no obstante, dijo que está «radicalmente en desacuerdo» con la ley de Partidos por ser de «aplicación caprichosa y arbitraria», ya que «varía sus criterios de aplicación» en función «de intereses de los responsables políticos de turno».

En la sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró por unanimidad que la disolución e ilegalización de Batasuna acordada en 2003 por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal Constitucional respondía a una «necesidad social imperiosa» y que las medidas adoptadas fueron «proporcionadas».

En la sentencia se rechazan los recursos interpuestos por Batasuna contra las sentencias de los dos tribunales españoles y se afirmaba que «la disolución (de la formación aberzale) puede considerarse como necesaria en una sociedad democrática, especialmente para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades».

La Corte europea concluía, de este modo, que no hubo violación del artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la libertad de asociación, y que el proyecto que encarna HB-EH-Batasuna «está en contradicción con la concepción de la sociedad democrática e implica un gran peligro para la democracia española».