La Audiencia culpa al Gobierno de haber traído a los dos piratas detenidos a Madrid

Madrid / Oviedo

La Audiencia Nacional rechazó ayer toda responsabilidad del juez Garzón en el traslado a España de los dos piratas detenidos, del que culpó al Gobierno. Mientras, el Ministerio de Defensa aclaró que la comisión de seguimiento formada por el Gobierno a raíz del secuestro del «Alakrana» asumió por unanimidad la decisión de detener a los piratas Cabdullahi «Abdu Willy» y Raageggesey.

La Audiencia ordenó trasladar a España en vez de a Kenia a los dos detenidos por participar en el secuestro del «Alakrana» sólo después de que el Gobierno comunicara su captura a este tribunal, al considerar que la competencia del caso corresponde a la justicia española.

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, quiso ayer dejar claro que este tribunal nunca tomó la iniciativa sobre el traslado de los piratas, cuyo encarcelamiento en España está complicando la liberación de los 36 tripulantes del pesquero después de 42 días de secuestro.

«Ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna», concluye el tribunal, de cuya decisión depende qué se va a hacer con los piratas Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, cuyo regreso a Somalia exigen los secuestradores para poner fin al cautiverio.

A la explicación de la Audiencia se ha unido la del Gobierno, que ha asegurado que la detención de los dos piratas se asumió «por unanimidad» de todos los integrantes de la comisión de seguimiento del secuestro. Este órgano está encabezado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y lo integran los ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; de Defensa, Carme Chacón; de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez.

Según el Gobierno, el arresto se tomó a la luz de los informes que poseía el JEMAD, después de que se haya publicado que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas y si había que trasladarlos a Kenia o a España.

El Gobierno ordenó detener a los piratas pese a que la inteligencia militar lo desaconsejaba. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas elaboró un informe varias horas antes de la detención alertando del riesgo de que la operación perjudicase las negociaciones.

El Ejecutivo sigue sin aclarar cómo va a resolver el problema, aunque la decisión judicial para que se pueda materializar está en manos de la Audiencia. El juez Santiago Pedraz ha rechazado la petición del abogado de Abdu Willy de retirar la imputación de asociación ilícita, a la que suma la de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas.

Pedraz considera que «no es el momento procesal oportuno» para retirar esta acusación, que, en caso de salir adelante -según el abogado-, facilitaría la expulsión del pirata a Somalia en aplicación de la ley de Extranjería, al ser la pena inferior a seis años de cárcel por ser sólo cómplice.

El abogado del pirata dijo que pedirá la libertad de su cliente porque cuando el «Alakrana» fue secuestrado navegaba con bandera vasca y no con la española, por lo que, según dijo, no habría jurisdicción.