De Juana intenta evitar su extradición alegando que teme por su vida

Madrid / Oviedo

La defensa del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos alegó ayer ante el juez norirlandés Tom Burgess, que estudia su extradición a España para que sea investigado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, que su entrega a la Audiencia Nacional podría suponer «un desproporcionado riesgo a su salud y a su vida», según informó la BBC.

En una vista celebrada en el complejo judicial de Langaside (Belfast), el abogado de De Juana, Edward Fitzgerald, defendió un informe médico que detalla que el etarra «tuvo que afrontar una situación de deterioro muy serio de su salud y, probablemente, la muerte» a causa de la huelga de hambre que mantuvo en 2007 durante 115 días.

De Juana está reclamado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por redactar un escrito, que se leyó el 2 de agosto de 2008 en un acto de homenaje celebrado en San Sebastián, que finalizaba con la expresión «Aurrera bolie (Adelante con la pelota)», interpretada por el instructor español como un alegato en defensa de la lucha armada.

Fitzgerald defendió que la causa abierta por Velasco es «extremadamente desproporcionada e inhumana» y llegó a asegurar que procesar al ex preso etarra por la carta que habría escrito a su salida de la cárcel es «una idiotez». «Pero el hecho de que sea una idiotez no la hace inocua. La hace peligrosa teniendo en cuenta las consecuencias», dijo.

De Juana Chaos alegó, además, depresión y estrés postraumático para tratar de evitar su extradición a España, sin dejar de amenazar con una nueva huelga de hambre. Su abogado añadió a las alegaciones referidas una acusación contra la Justicia española, de la que dijo que ha abusado del proceso de extradición al no presentar pruebas claras que demuestren que su detenido ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo, acusación que calificó de «fabricada» y sustentada en «informaciones periodísticas». Asimismo, insistió en que en España se está dando un proceso judicial en el que se prejuzga a su cliente «por sus opiniones políticas» y por la presión de algunos «grupos de víctimas».