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Oviedo / Madrid
Por un solo voto logró el Gobierno sacar adelante ayer en el Pleno del Congreso la nueva financiación autonómica. La inesperada ausencia del diputado Javier Barredo desató los nervios entre los socialistas. El temor a un error llevó al portavoz, José Antonio Alonso, a presionar al presidente de la Cámara, José Bono, para que retrasara la votación o que se realizara con las puertas abiertas. La popular Soraya Sáenz de Santamaría exigió respeto al reglamento.
Al final la reforma fue aprobada por la mínima: los 176 votos de la mayoría absoluta requerida por tratarse de una ley orgánica, frente a 157 en contra y cinco abstenciones. Con el susto en el cuerpo, el Gobierno salvaba in extremis el nuevo sistema de financiación autonómica, que vio la luz el 15 de julio pasado tras el pacto con ERC e IC y después de año y medio de negociaciones.
ERC, IC, CC, Na-Bai y UPN votaron con el PSOE. En contra lo hicieron el PP, CiU BNG y UPyD, mientras el PNV e IU se abstuvieron. La popular Soraya Sáenz de Santamaría acusó al Gobierno de romper 30 años de consenso y de recurrir a los votos de dos partidos de Navarra, una comunidad a la que no afecta la nueva financiación, y fueran clave para aprobar la ley con la mayoría absoluta justa.
La vicepresidenta Elena Salgado lamentó que la reforma no cuente con más apoyos y expresó su deseo de que las comunidades del PP «aceptarán la financiación y los fondos adicionales». El popular Álvaro Nadal dijo que este modelo «nace muerto» y es «injusto porque consagra la desigualdades entre los españoles».
Si tensa fue la votación, el debate fue más que caliente: bronco y crispado. El momento más duro se registró cuando Josep Sánchez Llibre, de CiU, acusó al PSOE de «cometer una asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña» y a ERC e IC de ser sus cómplices, porque «esta ley va contra Cataluña y los servicios que reciben los catalanes». ERC le respondió: «Sólo le falta culparnos de entrenar a los pilotos del 11-S». El BNG denunció que este modelo reduce el peso de Galicia. Rosa Díez dijo que Cataluña se lleva un tercio de los 11.000 millones de la tarta y que las demás regiones se tienen que conformar con el resto.
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