Barcelona / Oviedo
La presidenta del Tribunal Constitucional se plantea aplazar hasta después de las elecciones catalanas del próximo año la sentencia sobre el Estatut. María Emilia Casas tomará esta decisión si en las dos o tres próximas semanas no logra desbloquear el debate.
El riesgo de que la sentencia del Estatut se retrase un año más ha indignado a los partidos catalanes. El líder de CiU, Artur Mas, tachó de «impresentable» la situación de bloqueo y afirmó que «si un Tribunal no es capaz de hacer su trabajo, lo que tiene que hacer es dimitir y que se haga uno nuevo». Entre acusaciones de anticatalanismo, ERC e ICV exigieron al PP que retire el recurso contra el Estatut.
El PP consideró por su parte «inaceptable» un nuevo retraso, porque «ya hemos esperado tres años». La líder regional de los populares, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió de que el Parlament «sigue aprobando leyes» que desarrollan el nuevo Estatut. El ex ministro Federico Trillo criticó que el TC emplee en este texto el triple de tiempo que se tardó en aprobar la Constitución.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, intentó justificar los casi tres años que el Tribunal lleva en este asunto diciendo que estas sentencias «no son fáciles». El PSC se limitó a confiar en que al final se avale la constitucionalidad del Estatut. A día de hoy la ponencia sobre el texto es apoyada por cuatro magistrados y rechazada por seis.
Así las cosas, la presidenta del TC aparcará los debates hasta después de los comicios catalanes, si no logra desbloquear la situación en tres semanas. Según «La Vanguardia», María Emilia Casas tiene el plácet del Gobierno para hacer un último intento de aprobar una sentencia interpretativa, sin anulación de artículos importantes. Pero si fracasa, el debate quedará congelado un año.
La discusión está centrada en las posiciones de tres magistrados, del grupo progresista: Manuel Aragón, Pascual Sala y Eugeni Gay. Aragón se sigue resistiendo a la aprobación de aspectos relevantes, en especial el que regula la existencia de símbolos nacionales de Cataluña (la bandera), y establece la Diada como fiesta nacional. Hay una mayoría dispuesta a aceptar el uso del concepto «nación» en el preámbulo, pero no en el articulado.