Oviedo
«En España hay más de 8.000 ayuntamientos y los casos de corrupción urbanística que salen a la luz son contados porque hay una gran regulación sobre este asunto». Así lo señala el asturiano Javier Junceda, doctor en Derecho y especialista en Urbanismo de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). A su juicio, casos como el de Pretoria, la trama de corrupción urbanística que afecta a varios ayuntamientos catalanes y que ha acabado con la detención de varios ex altos cargos del PSC y CiU, «no es algo generalizado». Aunque sí reconoce que la crisis económica ha ayudado a que muchos de estos casos salgan a la luz.
Para el jurista, los casos de corrupción son una excepción aunque no lo parezca. De hecho, asegura que el urbanismo y la contratación administrativa son los dos sectores más regulados. «Un documento urbanístico en un Ayuntamiento pasa por muchos ojos de funcionarios», apunta. Por esa razón sostiene que para conseguir beneficios ilícitos no basta con que haya un interés criminal, sino que debe haber cooperación por parte de muchos funcionarios.
Según se conoció ayer, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, puede dejar salir de prisión en breve a los dos ex altos cargos de CiU imputados en el «caso Pretoria», Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
