Madrid / Oviedo
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó ayer a los dos piratas detenidos por el secuestro del atunero «Alakrana», lo que permitiría juzgarles en 15 días y, en teoría, expulsarles a Somalia, aunque la Fiscalía aseguró que rechaza pactar esa salida y anunció que pedirá más de 200 años de cárcel.
El magistrado ha procesado a Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, aunque no por el de asociación ilícita que les había imputado Baltasar Garzón pero que la Fiscalía nunca incluyó en sus calificaciones.
La retirada de ese delito, según el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, defensor de Abdu Willy, hace posible que a los dos piratas se les aplique el artículo 57.7 de la ley de Extranjería, que prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aseguraron que «no hay causa legal» para aplicar la ley de Extranjería y calificaron «fraude de ley» esa posibilidad. Teniendo en cuenta las penas por los delitos de detención ilegal -de 6 años a 10 años de cárcel- y de uso de armas -de tres y medio a cinco años-, la petición podría ir de los 219 años a los 365 años de prisión. Las fuentes señalaron a la agencia «Efe» que, con las pruebas con las que cuenta, el fiscal solicitará penas altas.
Según el auto de procesamiento de Pedraz, las pruebas que incriminan a los dos detenidos son los informes del Estado Mayor de la Defensa, los reportajes fotográficos y el material incautado: 2.500 dólares, seis móviles robados a la tripulación del «Alakrana», efectos del atunero -como una navaja de Albacete- e instrumentos con anagrama de la UE.
En esos informes se precisa que los piratas fueron detenidos fuera de las aguas de Somalia, concretamente a 120 millas de la costa. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar limita a doce millas el mar territorial. Además, confirma que el «Alakrana» es un buque registrado en España aunque no enarbolara la bandera española en el momento en el que fue secuestrado.
En el escrito que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó a Pedraz el pasado sábado reclamaba «con la mayor celeridad posible» el procesamiento de los detenidos y la conclusión de la causa para que pudiera ser tramitada ante la Sala de lo Penal. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que el ministerio público «actuará en este caso conforme a derecho. Y lo único que le corresponde es acelerar el proceso para que se celebre el juicio de la forma más rápida posible y, naturalmente, calificarlo siempre conforme a derecho».
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reconoció que tanto el Gobierno como los jueces trabajan para que el asunto se resuelva lo antes posible. «Éste no es un procedimiento "ad hoc", es el procedimiento previsto según las leyes», añadió.
El padre Ángel García, presidente de Mensajeros por la Paz y «Príncipe de Asturias» de la Concordia en 1994, se ofreció ayer como rehén a cambio de que los piratas liberen a los 36 tripulantes del «Alakrana» secuestrados hace 46 días. «No dudaría ni un minuto, ojalá valiera mi intercambio por ellos. No es un protagonismo ni nada... es un sentimiento, que habría cientos de personas que harían lo mismo. No hay mejor cosa que darse a los demás y una oportunidad de éstas sería ideal», dijo.
El presidente Zapatero volvió a pedir prudencia y el PP insistió en que pedirá cuentas sólo cuando los pescadores estén en casa.
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