Madrid / Oviedo
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer al juez Santiago Pedraz que tome declaración a los marineros del atunero «Alakrana», liberados el martes tras 47 días de cautiverio, y que investigue «toda la trama jurídico-financiera vinculada con los secuestradores y a los comisionistas intervinientes en la liberación, así como a los bufetes de abogados de Londres y otros países europeos».
El ministerio público adopta esta decisión después de que Pedraz finalizara el martes la investigación contra los dos presuntos piratas somalíes detenidos por el secuestro y la elevara a la sección cuarta de la Sala de lo penal para que celebre el juicio, que podría celebrarse, en el mejor de los casos, en un plazo de dos semanas.
En la petición dirigida a Pedraz, el ministerio público justifica la petición de toma de declaración a los marineros en la necesidad de que testifiquen sobre las circunstancias en las que se produjo su secuestro y puedan ejercer la acción particular en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. No obstante, fuentes fiscales explicaron que la petición se dirige únicamente a los 16 marineros españoles que trabajaban en el atunero, ya que el resto tiene otras nacionalidades.
Según fuentes jurídicas, la intención de Pedraz es desplazarse hasta el País Vasco y Galicia, donde vive la mayoría de los marineros españoles secuestrados, para tomarles declaración como testigos sin necesidad de que tengan que desplazarse hasta Madrid.
Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, afirmó que no entiende «que pueda haber excepciones a la justicia», en alusión implícita a un supuesto trato de favor a los dos secuestradores capturados, aunque admitió que sí es capaz de entrever una parte «humanitaria» y, a la hora de concluir, «una equitativa», porque, según precisó, «la equidad es algo, desde los romanos, superior a la justicia». Asimismo, Dívar aseguró que la Audiencia Nacional «se ajustará a la legalidad» en el caso del secuestro del atunero vasco, como «todos los tribunales españoles».
Preguntado sobre eventuales contactos políticos para dar un trato de favor a los secuestradores somalíes capturados, el presidente del Tribunal Supremo afirmó no conocer las negociaciones posibles en torno a la cuestión, aunque se mostró rotundo al asegurar que respecto «a la justicia y a las personas que están en situación de presos y procesados por la Audiencia Nacional» se respetará la legalidad.
