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Sevilla / Oviedo
El PP anunció ayer un paquete de medidas contra la corrupción que, según avanzó, será presentado hoy, sábado, por su presidente, Mariano Rajoy, en la clausura de la XV Intermunicipal que el partido está celebrando en Sevilla.
Entre las medidas más llamativas que recoge el documento, denominado «Bases para un pacto por la transparencia y contra la corrupción», está la de «prohibir la aceptación» de determinados regalos que «no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales». También se exige que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, al igual que las de los directivos y personal de confianza de las instituciones.
El texto, con 50 propuestas, será ofrecido a partir de hoy a las demás fuerzas políticas. Entre las iniciativas que recoge figura, además, publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones, con determinación de la cuantía y del beneficiario; ofrecer publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones; y modificar las comisiones regionales y provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para sustituir a los políticos por personas con perfil técnico.
En el caso concreto de los cargos electos, defiende que se hagan públicas sus declaraciones de bienes, homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales, reducir los gastos de protocolo, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados municipales, y regular claramente la separación de lo público y lo privado.
Los populares también abogan por potenciar el Tribunal de Cuentas y las cámaras de Cuentas autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control; aplicar desde el Tribunal de Cuentas planes específicos destinados al control de cuentas de las entidades locales»; mejorar los medios materiales y humanos del sistema judicial, y «garantizar la objetividad e imparcialidad de la fiscalía anticorrupción».
En su paquete de medidas proponen, además, que se amplíe la colaboración de los defensores del Pueblo en la detección de casos de corrupción, que se generalicen auditorías externas por parte de los ayuntamientos y que se convoquen automáticamente elecciones parciales en caso de disolución de una Corporación local.
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