Madrid
El Congreso ha hecho públicas por primera vez las actividades privadas de los diputados mediante la publicación en su página web del último informe sobre compatibilidades de los parlamentarios, en el que se detallan las tareas particulares de 41 de sus miembros.
Se trata del último dictamen sobre compatibilidades que ha redactado la Comisión del Estatuto de los Diputados, que será votado el próximo jueves, por primera vez, en el Pleno de la Cámara Baja sin secretismos, a puerta abierta. Cualquier ciudadano puede consultar este documento en el orden del día correspondiente al Pleno de ese día.
Hasta ahora, el informe con las actividades privadas permitidas a los diputados sólo era conocido por la comisión, órgano encargado de su elaboración, y por los portavoces de los grupos, de manera que los parlamentarios se pronunciaban sobre el dictamen «a ciegas» en una votación secreta.
El dictamen que se votará el jueves afecta a 41 diputados que han declarado sus actividades en los últimos meses, entre los de nueva incorporación y los que han comunicado alguna variación en este régimen que les autoriza a ejercer otras labores distintas de la parlamentaria.
Salvo la diputada del PP Ana Belén Vázquez, que no ha declarado ninguna actividad privada, todas las nuevas incorporaciones de este período de sesiones tienen alguna tarea al margen del Congreso.
Concejales, alcaldes, abogados, profesores, tertulianos, consejeros de administración de cajas de ahorro o miembros de fundaciones son algunos de las actividades que desempeñan los diputados. Por tales trabajos, los parlamentarios pueden recibir las indemnizaciones reglamentarias establecidas, que en la mayor parte de los casos consisten en dietas.
Por ejemplo, el diputado de IU, el asturiano Gaspar Llamazares, participa gratis en mesas redondas y conferencias de cursos de verano de universidades públicas, mientras que el portavoz de ERC, Joan Ridao, es profesor asociado a tiempo parcial en la Universidad de Barcelona. Una de las más atareadas es la diputada del PP Pilar Barreiro, que es alcaldesa de Cartagena, conferenciante, tertuliana y miembro de distintos entes locales.
La comisión ha autorizado las actividades de Jesús Merino (PP), imputado en el «caso Gürtel», en su calidad de administrador único de las sociedades de asesoramiento y consultoría Dolthins, S. L., y Serrano-50.
El socialista Juan Barranco es miembro del Consejo General de la Caja de Ahorros de Madrid y percibe dietas por asistencia. Miguel Arias Cañete (PP) es miembro del consejo de administración de la empresa Bami Bew-Co, S. A., sin relación con el sector público.
