Imputados el gerente catalán de Urbanismo y las esposas de Prenafeta y Alavedra

Barcelona / Oviedo
El juez Baltasar Garzón imputó ayer a doce personas más en relación con la «operación Pretoria» contra la trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramanet y otros municipios de Cataluña que se llevó más de 60 millones de euros. Se trata de Emili Mas, gerente de Instituto Catalán del Suelo; el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros (PP); el ex gerente de Urbanismo de ese Ayuntamiento, Antoni Jiménez (PSC); el ex director de política territorial con CiU, Genis Carbó; las esposas de Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, Doris Malfeito y Lluisa Mas, respectivamente, y Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.

El magistrado ha dejado en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma Manuel Dobarco (PSC), que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos Alavedra y Prenafeta, ex altos cargos de la Generalitat con Jordi Pujol.

El total de imputados asciende a 21, ya que hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales siguen en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García, alias Luigi. Permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.

Algunos de los nuevos imputados son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que en abril intervino en unas conversaciones con García, Muñoz, Vela y Dobarco para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas «con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos».

El PSC suspendió ayer de militancia a Mas, quien presentó la renuncia a su cargo en la Generalitat. Otro de los políticos mencionados es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la «operación Niesma».

Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés «tiene estrecha relación» con Luigir, el cerebro de la trama, y fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la «operación Niesma». Garzón señalaba también al técnico de Urbanismo de Santa Coloma Lluis Falcó como el que comunicó a los adjudicatarios del proyecto «Pallaresa» la «inviabilidad» de desarrollar dicha operación.

Fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, al que el PP suspendió de militancia y contra quien se han presentado varias denuncias por asuntos urbanísticos.

La imputación de Lluisa Mas y Doris Malfeito, esposas de Prenafeta y Alavedra, está relacionada con su participación como administradoras en la sociedades utilizadas por sus esposos para cobrar comisiones. A Josefina Calvet, madre del ex alcalde Bartomeu Muñoz, se la vincula con una sociedad adquirida por Luigi. Garzón relacionaba a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino Niesma Corporación, de la que eran administradores . De Valera «era una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García», y aparecía como administrador de Renticost Serveis, que recibió una transferencia de Luigi.